El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, subrayó ayer que, en materia energética, “el Gobierno tiene un plan que está llevando adelante con firmeza” y aseguró que todo el sistema eléctrico, tanto sus precios como la capacidad ofrecida en generación y transporte, “están al servicio del desarrollo y crecimiento de la economía argentina”. Tanto énfasis resultó insuficiente para despejar la inquietud provocada por el anuncio del día anterior, por resolución publicada en el Boletín Oficial y sin que mediara ninguna explicación oficial, de la restricción que se aplicará al suministro eléctrico para aquellos grandes usuarios que incrementen la demanda registrada el año anterior. Para más de un especialista consultado, la medida implica “un reconocimiento de que estamos en una crisis”. Este verano, el gobierno nacional optó por decisiones duras en vez de confiar en su suerte apostando a un clima benigno.

“Socialmente, el nuevo régimen implica que se van a desperdiciar recursos, va a repercutir sobre los costos industriales y le hará perder competitividad a la producción nacional; pero ahora se reconoce que tenemos una crisis; es una mala solución, pero al menos se intenta alguna.” El comentario, hecho por un dirigente de la Coordinadora de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), aludía a las normas impuestas por la Resolución 1281/06 de la Secretaría de Energía, que establece la prioridad de suministro eléctrico para los usuarios residenciales y comerciales o industriales con menos de 300 kilowatts de potencia, que no contraten la compra de energía en el mercado mayorista. Los que estén por arriba de ese umbral –en general, una empresa industrial mediana bien equipada lo está– sólo podrán contratar compras de energía en el mercado mayorista hasta el límite de lo consumido en el mismo período del año 2005. Es decir, el sistema eléctrico ya no les garantiza el abastecimiento si crecen y los obliga a autoabastecerse contratando generadores que funcionan con combustible líquido (obviamente, más caro) o construyendo su propia usina eléctrica.

“Que el Gobierno reconozca que no va a poder abastecer la mayor demanda en verano es una confirmación oficial de que estamos ante una crisis”, fue la conclusión de un especialista que se desempeña en el sector eléctrico. A partir del 1º de noviembre, la disposición de la Secretaría de Energía establece que las industrias grandes y medianas con alta demanda eléctrica no tendrán garantizado el suministro de ni un kilowatt más que la cantidad consumida en el año 2005. Por la demanda adicional deberán responder con generación propia. Muchas grandes industrias ya están en condiciones de hacerlo, porque han incorporado equipos generadores a partir de las crisis eléctricas del 2000 y 2001. Otras, porque por el tipo de proceso de producción no pueden darse el lujo de parar ni un minuto, y el sistema eléctrico viene padeciendo minicortes frecuentes, que si bien no tienen trascendencia pública, individualmente le pueden provocar un daño importante a la unidad productiva afectada.

El problema es que, con equipos generadores instalados o sin ellos, para los grandes usuarios industriales consumir más electricidad que en 2005 les significará un costo adicional bastante elevado. “Es una decisión política: ante la emergencia, el Gobierno define trasladarle el problema a la industria; es como decirle que la potencia instalada que existe no es para ustedes”, resignificó el sentido de la medida el asesor técnico de un organismo público del área de energía. “Hasta el año pasado, el Gobierno confió en su propia suerte, esperando tener un verano benigno; ahora toma sus prevenciones: es evidente que estamos más al borde del colapso”, completó.

Desde la industria nacional, en tanto, se le cuestiona al Gobierno la falta de planificación. “Ahora el costo social que se paga por no haber previsto a tiempo el aumento de la oferta energética será altísimo; quemar gasoil en pequeñas unidades generadores en vez de hacerlo en una central térmica es mucho más ineficiente, por el menor rendimiento, y además le va a resultar más caro al industrial”, apuntó un allegado al CEEN. “A muchos industriales les va a recortar lo que les quedaba de ventaja competitiva por el dólar alto”, agregó. Ayer, el ministro De Vido subrayó los avances en materia de obras de ampliación de la red de transmisión eléctrica. Los anuncios recientes de nuevas centrales térmicas y ampliación de las hidroeléctricas y nucleares, en cambio, deberán esperar de 2 a 5 años para entrar en servicio.