Varios operativos policiales se desarrollaron ayer en La Paz, en el marco de la ofensiva del gobierno de Evo Morales contra la mafia china. En los últimos días se ha puesto en evidencia una amplia red para el ingreso ilegal de ciudadanos de ese país oriental con la complicidad de autoridades locales. Una de las detenciones más sonadas fue la de Bin Xin Zhang Zhang, un chino nacionalizado boliviano acusado de falsificar la firma del canciller David Choquehuanca para hacerse pasar en Pekín como consejero del gobierno boliviano.

Días atrás, una investigación del matutino paceño La Razón reveló que 16 parlamentarios (14 del anterior congreso) gestionaron ante Cancillería visas para ciudadanos chinos supuestamente para desarrollar “proyectos de cooperación” ficticios. Los legisladores que más visas solicitaron fueron José Bailaba, indígena chiquitano, ex presidente de la Comisión de Política Internacional de Diputados y actual constituyente del MAS, y Patricia Seeggers, del opositor Podemos. Esta última legisladora había justificado sus recomendaciones en un proyecto de cultivo de arroz que resultó un cuento chino. Entre los funcionarios procesados están el ex asesor del Ministerio de Gobierno Julkar Zeballos –ya detenido–, el ex cónsul boliviano en la ciudad jujeña de La Quiaca, Julio Vidangos, quien habría entregado 90 visas en un solo día, y el ex cónsul boliviano en la capital china, Oscar de la Quintana. “Los chinos llegan a Bolivia con cualquier excusa, muchos compran un matrimonio y consiguen la nacionalidad boliviana, luego siguen con esos papeles hacia Estados Unidos u otros países. En todo este proceso cada chino deja unos diez mil dólares”, explicó a Página/12 un funcionario de la Cancillería que cree que lo avanzado es sólo una pequeña parte de una gran red dedicada al tráfico de personas.