Jueves, 7 de septiembre de 2006 | Hoy
ECONOMíA › CRITICAS DEL MORENO A LA LEY DE HIDROCARBUROS
El Grupo Moreno, integrado por el cineasta y dirigente político Fernando “Pino” Solanas y por diversos especialistas en energía, cuestionó con duros términos el proyecto de ley que otorga incentivos a las petroleras para la exploración de hidrocarburos. La norma ya cuenta con dictamen de comisión, pero la discusión en la Cámara de Diputados fue postergada.
La iniciativa prevé, entre otros puntos, incentivos fiscales a las petroleras que exploren. Contaba con el consenso del Ejecutivo y las provincias petroleras, pero desde la Casa Rosada habría surgido la preocupación de realizar un examen más profundo de la cuestión. “Esos incentivos implican exenciones impositivas que en ningún lugar del mundo se otorgan y son una burla porque premian a quienes nos han llevado a esta difícil situación energética porque no invirtieron cuando tenían que hacerlo”, denunció Solanas.
Durante una conferencia realizada ayer, Solanas aseguró que la semana próxima los miembros del Moreno serán recibidos por el presidente Kirchner. Le pedirán la nacionalización del petróleo y el gas y una reforma de la Constitución de 1994 para retirar el dominio de esos recursos a las provincias. Los especialistas aseguraron que, con la sanción de la ley, “se pretende subsanar la alarmante declinación de las reservas de petróleo y gas por la explotación depredatoria, exportaciones intensivas e inconstitucionales, la ausencia de inversiones y la desaparición del control estatal”. La convocatoria del Grupo Moreno se denominó “El Congreso en la Encrucijada: pueblo o petroleras/patriotas o traidores”.
Además de los incentivos fiscales, el proyecto establece el traspaso a las provincias del dominio y la administración de los yacimientos hidrocarburíferos. A partir de su entrada en vigencia, se transferirían de pleno derecho los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos que están vigentes en la actualidad. La redacción de una nueva ley de hidrocarburos es un mandato de la reforma constitucional de 1994.
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