Un boleto de colectivo en Capital cuesta 0,80 pesos. En Santa Fe no es posible viajar por menos de 1,25 peso y en Neuquén las tarifas oscilan entre 1,30 y 2 pesos, aún así, lejos del valor de equilibrio que les permitiría a los empresarios del autotransporte cubrir costos. A juicio de un grupo de defensores del Pueblo del interior, esta brecha se explica porque la Nación privilegia al área metropolitana con el reparto de millonarios subsidios en detrimento de las provincias. Desde la óptica de Transporte de la Nación, el esquema funciona a la inversa: los colectiveros de la Capital y el conurbano merecen el “premio” de una mayor subvención por mantener congeladas sus tarifas.

Esta diferencia de criterio acerca de cuál es el origen del problema quedó debidamente plasmada en un intercambio escrito que ya tuvo la Defensoría del Pueblo de la Nación con la Secretaría de Transporte, pero que hasta ahora no sirvió para promover cambios, aunque sí para arrancarle a Jaime la promesa de estudiar la cuestión. Para presionar por esa corrección, un conjunto de defensores de distintas provincias, junto al ombudsman nacional, Eduardo Mondino, ayer denunciaron públicamente lo que a su juicio es un esquema “inequitativo” y convocaron a los legisladores a impulsar una modificación cuando se vote el Presupuesto del año próximo.

Con el proclamado propósito de contener el valor de los boletos, Planificación asiste a los colectiveros de zonas urbanas de todo el país con un subsidio que en septiembre sumó 50 millones de pesos y que proviene de la recaudación de un impuesto del 20,2 por ciento del impuesto sobre el gasoil, parte del Sistema Integrado del Transporte Automotor. Esos recursos se prorratean entre las jurisdicciones por una fórmula también objetada por Mondino: 50 por ciento en base a los ingresos brutos, 25 por ciento por kilómetro recorrido y el otro 25 por ciento por pasajeros transportados (de cada provincia en relación al total).

La realidad es que esta ponderación privilegia a las áreas más pobladas, donde hay medios de transporte alternativos, en detrimento de aquellas en las que pocos viajeros dependen sí o sí de los pauperizados servicios. Y el resultado, según destaca un análisis de la Defensoría, es que el 72 por ciento de los recursos quedan para los autotransportistas de la Capital Federal y el conurbano.

El señalado desbalance se acentuó un poco más desde que el decreto 678 de este año otorgó a esas empresas una subvención adicional en el marco del Régimen de Compensación Complementaria: unos 400 millones de pesos (en septiembre les correspondió 94 millones) que provinieron directamente del Tesoro Nacional y que subió de 3000 a 4500 pesos por mes el auxilio por unidad que recibe mensualmente cada coche en esta jurisdicción. Si se suma este apoyo al que proviene del gasoil, Capital y alrededores se queda con el 87 por ciento del total de recursos destinados a sostener estos servicios.

“Esta secretaría ha tomado conocimiento de significativos aumentos que se han producido en las tarifas de los servicios públicos de transporte urbano en varias de las jurisdicciones provinciales”..., mientras que las del área metropolitana “no han recibido ningún tipo de modificación tarifaria desde la década del 90”, sentenció Jaime en la nota número 2159, que remitió a la Defensoría para justificar el reparto de los fondos del Sistema Integrado del Transporte Automotor (Sistau). Es más. El funcionario de Planificación justifica la compensación complementaria en la necesidad de paliar incrementos de costos, por “aumentos salariales y la recomposición de su parque móvil”.

La réplica desde el interior es obvia: esos incrementos también se registraron en las provincias donde, en muchos casos, los municipios o las gobernaciones se vieron en situación de asumir por sí mismas algunas prestaciones ante el retiro de empresas privadas que dejaban lugares aislados. A través de su ombudsman, Santa Fe señala otro punto controvertido: la provincia aporta el 9 por ciento del tributo sobre el gasoil, pero recibe el equivalente al 5. Si esa inequidad se subsanara, asegura el defensor Carlos Bermúdez, los santafesinos podrían pagar un boleto bastante más barato.