El juez Rodolfo Canicoba Corral convalidaría mañana mismo las ocho órdenes de captura de ex integrantes del gobierno de Irán, empezando por quien en el momento del atentado contra la AMIA era presidente y siguiendo por los ministros de Relaciones Exteriores e Inteligencia. El argumento será que “para este estadio de la causa hay elementos suficientes para ordenar la detención”.

El dictamen de los fiscales que imputó a Irán produjo asombrosas respuestas. Estados Unidos dio a conocer su felicitación a horas de emitido el dictamen, cuando nadie en Washington pudo haber leído las 801 páginas del escrito.

El retrógrado régimen de Mahmud Ahmadinejad, que ha negado el Holocausto y aboga por la destrucción de Israel, salió a la cancha también de inmediato con una bravuconada sin sustento. La Cancillería iraní dijo que sometería la cuestión a un tribunal internacional, algo que no hará porque nunca colaboró con la investigación.

Allí está, lamentablemente, uno de los puntos neurálgicos de lo que va a pasar desde mañana. La acusación exhibirá la debilidad de estar basada en informes de inteligencia y en testimonios de arrepentidos o disidentes iraníes. Se dice que desde cerca de la AMIA se llamó a un celular de la Triple Frontera y de allí a teléfonos de El Líbano que corresponden a la organización proiraní Hezbolá. ¿Quién dice que corresponden a Hezbolá? Los informes de inteligencia. El dictamen menciona que el atentado contra la AMIA se resolvió en una reunión del Comité de Asuntos Especiales el 13 de agosto de 1993. ¿De dónde sale esa afirmación? De lo que declaran cuatro arrepentidos y disidentes que, como ocurre con los exiliados cubanos de Miami, tienen mucha relación entre sí y, sobre todo, una causa común que consiste en adjudicarle lo que sea al régimen de Teherán. Las pruebas objetivas son muy pocas y las mismas, o más, podrían enumerarse contra Siria, contra grupos palestinos o contra una célula de fundamentalistas sin conexiones internacionales, modelo que se ha visto en numerosos atentados. En 2003, las pruebas de entonces fueron sometidas a un juez de Londres a raíz de la detención del ex embajador Hadi Soleimanpour. Fue un naufragio, el funcionario iraní fue liberado. Hoy, no hay mucho de nuevo para mostrar. En cuanto salgan las órdenes de captura, Irán las va a ignorar y no habrá chances de someterlas a un tribunal serio e imparcial. Esto tendrá implicancias internacionales y dentro de seis meses, cuando no haya respuesta de Teherán, se multiplicarán las presiones para que el Gobierno tome una actitud de mayor confrontación con Irán, definido por Washington como integrante del Eje del Mal.