El tema y la votación mostraron, como pocas veces, las diferencias ideológicas entre los partidos y alianzas que conforman la Cámara de Diputados. Los 124 votos a favor del oficialismo, el justicialismo filokirchnerista, la UCR, el ARI, el PS y sectores independientes convirtieron en ley “la emergencia sobre la posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas en la Argentina”. Los 12 votos en contra provinieron del interbloque Propuesta Federal que reúne al macrismo y sus aliados provinciales –incluido Sobisch– y los seguidores de Luis Patti. La ley establece la suspensión de los desalojos de los territorios en conflicto por cuatro años y un relevamiento técnico y jurídico del INAI, que también manejará un fondo especial de 30 millones de pesos para financiar esa tarea.

La declaración de “emergencia” sobre la posesión y propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas suspende por cuatro años los desalojos y la ejecución de sentencias judiciales que dirimen la disputa entre los pueblos originarios y grandes propietarios que reclaman su pertenencia. Durante los tres primeros años, a partir de la vigencia de la Ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) realizará un relevamiento jurídico-catastral y administrará un Fondo Especial de 30 millones de pesos, 10 por año.

“Los fondos se utilizarán para el relevamiento técnico, jurídico y catastral sobre las tierras que ocupan las comunidades indígenas, la labor de profesionales en causas judiciales y en los programas de regularización dominial en el caso de tratarse de tierras públicas”, afirmó a Página/12 el presidente del INAI, Jorge Rodríguez, que siguió el debate en el recinto.

En el recinto, el oficialismo volvió a utilizar la palabra “terratenientes” para ponerles nombre a los intereses que disputan con los pueblos indígenas la posesión de las tierras en distintas provincias, que luego utilizan para “la tala indiscriminada de bosques” y “extender el monocultivo de la soja”. La postura fue acompañada por las bancadas del Peronismo Federal, la UCR, el ARI, el PS y de distintos bloques de centroizquierda. Aunque la arista Marta Maffei planteó sin suerte que la suspensión de los desalojos abarcara los conflictos que se plantearon a lo largo de este año.

En la vereda de enfrente se ubicó el interbloque que aglutina a los partidos de derecha. El macrista Federico Pinedo justificó su oposición a la emergencia en no transformar a las comunidades indígenas en “guetos o sectas”, por eso reclamó “igualdad ante la ley” para no concederles a los pueblos originarios el beneficio de “una facultad extraordinaria”, además de plantear como “anticonstitucional” el freno de las decisiones judiciales. La neuquina Alicia Comelli, que responde a Jorge Sobisch, dijo que la ley persigue conformar “verdaderos enclaves políticos” y criticó la “acción violenta de sectores que se hacen llamar mapuches”, en una de las provincias más conflictivas sobre el tema. El pattista Dante Camaño también se opuso, aunque por otras razones que fundamentó ante este diario: “Está mal redactada y hay algunos vivos que quieren aprovecharse de esos fondos, y ni siquiera conocen a los indios. Yo sí que los conozco: me crié con Patoruzito”, dijo en referencia a la historieta infantil.