Las cartas están echadas. Tres de las cuatro entidades más representativas del agro se han decidido por la forma de protesta más dura dispuesta hasta ahora en tres años de gestión del actual Gobierno: nueve días consecutivos, a partir de hoy, de inactividad en los mercados de compraventa de productos no perecederos y parálisis total de compras de insumos. Desde el Gobierno, luego de fallar en el intento de encontrar una vía de negociación que impidiera la medida de fuerza, ayer se optó por condenar públicamente la posición de los ruralistas. Ambas posturas tensarán las relaciones en estos días, y sólo habrá un nuevo espacio de negociación cuando aparezcan otros elementos políticos sobre la mesa. Para el Gobierno, esto sólo puede surgir de un alineamiento distinto del actual de los dirigentes. Para las entidades rurales, para una transformación del escenario haría falta un cambio de políticas oficiales que incluyera la sustitución de funcionarios. Como si fuera un “picado” entre equipos de barrio históricamente enfrentados, en el que “todo vale” para debilitar al rival, hoy comienza el paro.

La primera disputa que enfrenta el Gobierno es asegurar el abastecimiento. Es decir, que el público en general no llegue a percibir los efectos de la medida de fuerza como escasez de algún alimento o encarecimiento en las bocas de venta. Pese a que la dirigencia agraria insistió en que no era ése el objetivo, el riesgo existe, sobre todo cuando se acerque el plazo de una semana y un día (lunes 11) sin actividad en el Mercado de Hacienda. Los 10 mil animales ingresados el viernes a Liniers y el compromiso de algunos grandes productores “no alineados” en las entidades para enviar ganado al mercado serían suficientes para asegurar la oferta, creen en el Gobierno. “Estimamos que con algo de oferta que va a haber en los mercados de hacienda en pie, y con la reserva que hay en cámaras frigoríficas, deberíamos estar asegurando el consumo de la población”, expresó ayer Javier de Urquiza, subsecretario de Agricultura de la Nación. “Hay muchos productores que van a seguir comercializando y aportando las materias primas que se necesitan para el abastecimiento de la comunidad”, agregó. Desde la dirigencia rural, se sospecha que varios empresarios con explotaciones ganaderas, vinculados al Gobierno por concesiones o ligados políticamente, enviarán hacienda como forma de respaldo a las autoridades. La segunda disputa es política. El Gobierno entiende que cierta dirigencia rural es como un brazo del poder hegemónico en los ’90 que se siente amenazado en sus resortes de control de la renta. Y una expresión de los grupos políticos que están agazapados a la espera de enfrentarse electoralmente con el Gobierno en un bloque que sume a toda la centroderecha. En tal sentido, el paro sería como un round preliminar del combate por el cetro de octubre de 2007, y enfrentarlos hoy es prepararse para ese otro gran combate. “El paro es injusto, con un fuerte contenido político-ideológico: en los ’90, cuando se fundían, en lugar de hacer paros aplaudían a los dirigentes políticos que llevaron el país a las ruinas”, expresó ayer la ministra de Economía, Felisa Miceli, reflejando la postura de todo el Gobierno.

La tercera disputa involucra una cuestión que está en el origen del conflicto, que tiene que ver con el alto grado de concentración en la producción y comercialización agrícola-ganadera. En este plano, la confrontación se da en torno de cuál es el rol del Estado frente a esos factores, si debe estar habilitado a regular precios o a orientar la oferta en función de un interés general o social, por ejemplo. Este conflicto divide a la dirigencia agraria, que no tiene una postura uniforme, al punto que hay sectores parados en veredas opuestas. Pero también presenta fisuras del lado oficial, que tampoco muestra un solo cuerpo acabado de ideas.

Mañana habrá inactividad en los puertos cerealeros y mercados de hacienda. No habrá registros de operaciones en la Bolsa de Cereales. Empezarán los cortes de ruta por manifestaciones y tractorazos (en Villa Constitución, en la autopista Buenos Aires-Rosario, sería el primero). Habrá expresiones duras de un lado y de otro, reproches cruzados. Lo que nadie puede asegurar es que haya un debate de ideas sobre qué proyectos se enfrentan y qué debe hacerse para tener una producción más eficiente, y a quién le corresponden los beneficios.