El colectivo hace un esfuerzo y con una tos consigue subir al asfalto de la única calle pavimentada. Es una cuadra de casas bajas y veredas de tierra donde los perros duermen la siesta al sol: Cuartel Quinto, en Moreno, una de las zonas más pobres del conurbano. Acá el trabajo es escaso y el agua potable, un servicio que todavía no llegó. El barrio no parece muy viejo, aunque lo es. Cuenta la guía del recorrido, Alina Sosa, que muchas de las familias llegaron en la época de la dictadura: “Eran de la Capital, de la villa de Colegiales, y los militares los erradicaron, los trajeron en camiones y los bajaron acá”. En los asientos de adelante del colectivo viaja un grupo de jóvenes que cada tanto baja a repartir volantes; están haciendo campaña por la Carta Popular, una iniciativa destinada a instalar el presupuesto participativo en los municipios del noroeste del Gran Buenos Aires, el histórico feudo de Aldo Rico. La campaña ya tuvo su primer éxito: en San Miguel, la semana pasada, bajo la presión de una marcha frente a la municipalidad, el Consejo Deliberante aprobó la iniciativa. A partir del año que viene los vecinos van a discutir el uso de una parte de los fondos municipales.

La idea está siendo impulsada por treinta y cinco organizaciones sociales de Moreno, José C Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas. “Las organizaciones típicas de esta zona: cooperativas de trabajo, empresas sociales, clubes de fútbol, comedores”, dice Eduardo Balán, integrante del Culebrón Timbal, una productora cultural comunitaria que hizo punta con la propuesta.

Es que en la zona hay un fuerte desarrollo de organizaciones sociales que en los últimos años vienen teniendo un vínculo complejo con el poder político; una relación que oscila entre la tensión, el trabajo conjunto y la cooptación. “Nos había pasado, en el 2004, que con las elecciones mucho de lo que habíamos construido se hizo pedazos –ejemplifica Balán–. A partir de ahí nos preguntamos qué podíamos hacer para manifestarnos políticamente sin que eso fuera reenviado a los partidos políticos. Así empezamos a ver que nuestro destino iba a ser muy incierto si no cambiábamos las reglas de juego para pasar de la democracia representativa a la participativa”. Sobre esta base acordaron un plan para trabajar en el tema.

El primer paso, cuenta Alina mientras sus compañeros entregan casa por casa material sobre el tema, fue que cada una de las organizaciones convocara a los jóvenes para que hicieran una consulta sobre el grado de participación de la gente. En abril y mayo, los chicos se capacitaron y armaron las preguntas del censo destinado a los cuatro municipios.

“Nadie sabe mejor que nosotros qué necesidades tenemos en el barrio. Sin embargo, es muy raro que nos consulten o que nos tomen en cuenta”, decía el texto de la presentación. El trabajo, más que como una encuesta, fue encarado como una conversación familiar, en la que los encuestadores explicaron también en qué consiste el presupuesto participativo. Explicaban, por ejemplo, que en San Miguel, donde hay treinta barrios pobres, con condiciones de vida de precaridad, el 10 por ciento del presupuesto alcanzaría para que cada uno de ellos tuviera un millón de pesos por año.

–Una charla promedio me llevaba dos horas –dice Alina.

La consulta registró las características culturales de cada zona, las carencias de infraestructura, el grado de comunicación con los municipios y la participación en organizaciones. Abarcó a 700 familias a las que sumaron mil entrevistas personales. Luego los datos fueron sistematizados. Mostraban que:

- El 65,8 por ciento de las familias no habían sido consultadas por nadie en los últimos diez años (ni por el Estado ni por las organizaciones sociales) en relación con algún problema de su barrio.

- Del 34,2 por ciento que alguna vez fue consultado, más de la mitad dijo que su opinión no fue tomada en cuenta.

- El 95 por ciento de los encuestados no conocía el presupuesto que maneja su municipio.

- El 47 por ciento no era consciente del porcentaje de IVA que efectivamente paga en cada compra (21 por ciento).

En noviembre, tomando como base la consulta, se realizó un congreso de vecinos y organizaciones sociales que redactaron una Carta Popular con propuestas para mejorar la participación democrática. El reclamo por el presupuesto participativo fue uno de sus ejes. La Carta fue después votada barrio por barrio y difundida por la Caravana Cultural de los Barrios, una actividad que estas organizaciones realizan desde el 2004. La Caravana comenzó el 18 de noviembre y terminó ayer, con un cierre en la plaza principal de Moreno.

¿Cómo consiguieron que San Miguel convirtiera en ley la propuesta? Balán contesta: “Al proyecto lo habíamos presentado antes y no lo quisieron tratar. Pero este año, con toda la movilización social, hubo un concejal que insistió”. A su vez, en el municipio hay una situación políticamente insólita: el intendente Oscar Zilochi, quien fue mano derecha de Aldo Rico (lo acompaña desde los levantamientos carapintadas), ahora es kirchnerista. Está en campaña y le han surgido adversarios internos, lo que desató una suerte de competencia por demostrar quién es el más progresista.

Las organizaciones sociales, dice Balán, “teníamos diálogo con algunos concejales salidos del movimiento, uno de (las agrupaciones piqueteras) Barrios de Pie y la Federación de Tierra y Vivienda. Ellos nos apoyaron, también el Frente para la Victoria, y finalmente todo el Concejo”.

El día que se trató el presupuesto participativo, las organizaciones se movilizaron a la plaza y siguieron el debate en el interior del recinto. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Alina recuerda la sesión y sonríe: “Los concejales hicieron sus discursos elogiando la propuesta, dijeron ‘esto debería haber pasado mucho antes’ y cosas por el estilo, pero si hay un lugar donde la democracia se convierte en aparato electoral es en nuestros municipios”.

Ahora tienen por delante una pelea difícil: extender el presupuesto participativo a Moreno, Malvinas Argentinas y José C. Paz y establecer qué porcentaje de los fondos de San Miguel van a ser discutidos como parte del presupuesto participativo. El movimiento por la Carta Popular quiere que llegue al 10 por ciento. También que se habilite legalmente a vecinos y asociaciones a participar en la planificación del presupuesto y los impuestos municipales. En palabras de Balán: “Porque somos actores políticos, las organizaciones comunitarias servimos para algo más que para repartir lentejas”.