El campo fue uno de los sectores más beneficiados por la devaluación. Dólar alto, gasoil barato, pesificación de las deudas, una pujante demanda interna y externa, fue un combo que permitió a los productores agropecuarios dejar atrás la crisis que sumergió al campo durante la convertibilidad, en un contexto de quiebras, remates y de un acelerado proceso de concentración de la tierra.

Hoy no hay crisis en el campo sino prosperidad. El auge se manifiesta en las 4x4 cero kilómetro que congestionan los pueblos del interior de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en el embotellamiento de camiones y maquinaria agrícola último modelo que se desplaza incesantemente por las rutas o en el boom de inversiones inmobiliarias en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, y en la propia ciudad de Buenos Aires.

Por supuesto que las generalizaciones son siempre injustas. No es lo mismo la rentabilidad de los grandes productores que la de los pequeños chacareros. O la ganancia que embolsaron en los últimos años los terratenientes de la pampa húmeda que los emprendimientos de subsistencia en Formosa, Santiago del Estero o en Corrientes.

Pero los afiliados a CRA (productores medianos y grandes) y la Sociedad Rural (la elite de criadores y establecimientos agrícolas) muestran en estos años las mejores tasas de rentabilidad en más de una década.

¿Por qué entonces este nuevo paro, convocado por tres de las cuatro entidades del campo y con alto respaldo de las bases?

No hay que darle muchas vueltas. Los dirigentes rurales protestan por lo que dejan de ganar si cobraran, libremente, los precios de exportación en dólares, que dieron un espectacular salto durante 2006. Las cotizaciones del maíz, el trigo y la carne en el mercado internacional aumentaron entre 50 y 100 por ciento en el último año. La raíz del conflicto es una crisis de prosperidad.

La respuesta oficial es que la intervención del Estado es necesaria para evitar que se disparen los precios internos, la inflación de alimentos. Argentina exporta lo que come. En un modelo de dólar alto y precios internacionales en alza esta situación genera tensiones permanentes entre los ingresos de los exportadores y el bosillo de los consumidores más pobres.

¿Por qué el Gobierno no anticipó esta situación? ¿Por qué no implementó, a más tardar en 2004, cuando la demanda interna recién despertaba, un plan ganadero que ampliara el stock vacuno y aliviara así las futuras tensiones entre exportación y consumo doméstico? Frente al arrasador avance de la soja, ¿por qué no hubo un plan de incentivos tendiente a diversificar cultivos? Es un enigma. Miceli le pasó en su momento factura por la imprevisión a Roberto Lavagna. Pero el presidente era Néstor Kirchner.

A diferencia de la industria proteccionista, CRA y la Sociedad Rural siempre se identificaron con el liberalismo económico. Entre otras cosas, porque los grandes emprendimientos agropecuarios en Argentina siempre fueron, por una cuestión de ventajas comparativas naturales, lo suficientemente competitivos para sobrevivir sin la injerencia estatal.

Pero no es la ideología la que motoriza los reclamos actuales. ¿Por qué los dirigentes rurales no protestan contra la intervención oficial para mantener el dólar alto? Los hombres de negocios nunca anteponen la ideología al interés propio.

Que el Gobierno intervenga para disputarle al campo parte de la superrenta que generan los altos precios internacionales no significa que el excedente quede en el Estado o beneficie de manera directa a los consumidores.

Con razón, los productores agropecuarios identifican a los grandes frigoríficos o a las cerealeras, ambos sectores copados por multinacionales, como el enemigo común. Los frigoríficos exportadores hicieron lobby en las últimas semanas para que el Gobierno restringiera aún más las exportaciones, cosa que finalmente no ocurrió. Aunque parezca insólito, la industria de la carne fue la gran beneficiada de la veda exportadora instrumentada desde marzo.

En Liniers los precios de la hacienda llegaron a caer hasta 30 por ciento, pero la baja en los mostradores de las carnicerías no superaron el 10 o 12 por ciento. Frigoríficos “consumeros” y grandes supermercados se quedaron con la diferencia en el mercado local, lo que engordó su rentabilidad. Pero para los exportadores el negocio fue todavía más redondo: se les abarató el insumo –el kilo vivo–, exportaron menos en volumen, pero gracias a la suba de los precios internacionales facturaron más. Así ensancharon bruscamente los márgenes de rentabilidad. Este año, en valor las exportaciones de carne llegarán a los 1400 millones de dólares, por arriba del año pasado, pese a que en volúmenes se exportará un 30 por ciento menos.

No causualmente, los mayores frigoríficos son hoy los “aliados” en los que confía el Gobierno para garantizar el abastecimiento de carne “en la mesa de los argentinos” durante la semana del paro.

El puñado de cerealeras que dominan la comercialización de granos en todo el mundo (Cargill, Nidera, Dreyfus, etcétera) fueron las primeras en sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno cuando se empezó a hablar de limitar las ventas de trigo y maíz al exterior. Y acordaron informalmente un mecanismo beneficioso para ellas: no aceptan pagar más de 120 dólares a los productores cuando vale U$S 170 en el mercado internacional. Así evitan que la suba de los precios internacionales se traslade al mercado interno, pero se adueñan de la superrenta que genera el agro.

El desafío que enfrenta ahora el Gobierno es afinar la puntería en su intervención. Para que los “aliados” multinacionales no se apropien gratis de una renta extraordinaria que podría invertirse en expandir la frontera agropecuaria.