Los “deudores de la crisis” están cerca de recibir una amnistía. El Congreso avanza con una ley que obliga a las centrales de riesgo crediticio a excluir de sus bases de datos a quienes incurrieron en mora entre el 1º de enero de 2001 y el 10 de diciembre de 2003. El perdón será tanto para empresas como para personas físicas. Sus antecedentes durante ese período deberán ser borrados si ya se pusieron al día, pero también si llegaron a un entendimiento para regularizar su situación o si alcanzan un acuerdo con el acreedor hasta 180 días después de la sanción de la norma. La Cámara de Diputados se disponía anoche a aprobar la iniciativa, que sería girada al Senado.

El bloque oficialista acordó ayer por la tarde sancionar la ley, pero el tema quedó en el puesto 16º del orden del día y al cierre de esta edición todavía no se había producido la votación. Fuentes de ese bloque señalaron a Página/12 que existe voluntad política para aprobar el proyecto. También para darle media sanción a una segunda iniciativa vinculada con las centrales de riesgo. En este caso, se trata de una propuesta para profundizar la regulación de la actividad, que tiene a Veraz como compañía líder.

El proyecto establece que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia, concentre la información de las bases de datos de las empresas de riesgo. De ese modo, quien pueda demostrar que figura injustamente como moroso podrá hacer el trámite ante ese organismo, que deberá encargarse de que las empresas lo excluyan de inmediato. Además, reduce de dos años a uno el plazo en que una persona o empresa puede aparecer en los listados cuando arregla su deuda.

Otro punto central es que las centrales de riesgo no podrán ingresar más datos si antes el banco o la empresa que registra la deuda no informa al deudor de esa situación. De ese modo, éstos podrán notificar si el incumplimiento financiero o crediticio denunciado se debe a “un error, desactualización u otro improcedencia”. El afectado tendrá 10 días hábiles para hacer su descargo y evitar la incorporación del dato si puede demostrar que no corresponde. Así, podrá ejercer su derecho de “defensa previa”. La asociación de bancos extranjeros se quejó porque esta medida producirá “un aumento de costos”.

En otro artículo, el proyecto determina que los responsables de los bancos de datos deberán incluir la información de las sentencias judiciales cuando éstas se produzcan, no sólo que alguien fue demandado.

En cuanto a la amnistía, busca recuperar como sujetos de crédito a quienes quedaron marcados como deudores por sus atrasos durante la crisis. El proyecto considera injusto que otros sectores hayan recibido un salvataje frente a la crisis y las pymes, que son el eslabón más débil, sigan cargando con las consecuencias de aquella explosión.