La Argentina reducirá este año su deuda con el Banco Mundial en 500 millones de dólares, y en 2007 bajaría otro tanto. La política de desendeudamiento del Gobierno achicó la exposición con el organismo de un máximo de 9400 millones de dólares a fines de 2001 a 6200 millones en la actualidad. A la par de esa caída, en los últimos tres años se produjo un cambio sustancial en la composición de los créditos que continúa otorgando la entidad: ya no hay préstamos blandos que requieren la conformidad del FMI, sino que todos los desembolsos son para planes específicos con fuertes controles en su ejecución. El 80 por ciento de ellos financian programas sociales y obras de infraestructura. Sin embargo, dentro de estas últimas el Banco se niega a prestar para proyectos energéticos porque se opone a la política de tarifas del Ejecutivo.

La relación del Gobierno con el Banco Mundial mejoró en los últimos meses, según sostienen desde la entidad. La decisión conjunta de terminar con los préstamos que dependen de las condicionalidades del Fondo Monetario descomprimió tensiones. En el Banco describen el momento actual de la relación como de normalización. Los múltiples aspectos de la política económica que merecen críticas por parte del organismo fueron puestos bajo un paraguas, como el caso de la política hacia las privatizadas y el congelamiento de tarifas a usuarios residenciales, y prosperan acuerdos en otros ámbitos, como el financiamiento para ayuda social y proyectos de infraestructura.

Esa imagen que transmiten desde el Banco difiere de la que fue creciendo a medida que quedó claro que la institución aprobaría el crédito para Botnia. Néstor Kirchner sostuvo cuando se confirmó la noticia que triunfaron los intereses de los más poderosos. La respuesta que ensayan desde el BM es que el apoyo a Botnia fue resuelto por la Corporación Financiera Internacional (CFI), que es el brazo para el sector privado del organismo. De todos modos, reconocen que la mayoría de los directores del BM son los mismos que integran el directorio de la CFI. Pero afirman, en defensa del préstamo a la pastera finlandesa, que la CFI toma muy en cuenta la cuestión ambiental y tiene estándares de calidad muy altos. Nada de eso alcanza para convencer al Gobierno y, mucho menos, a los ambientalistas argentinos.

Más allá del tema Botnia, desde el BM insisten en que la Argentina logró mejorar su imagen en el directorio del organismo. A lo largo de 2006, el Gobierno cancelará vencimientos por 1000 millones, mientras que la entidad terminará por aportar financiamiento por entre 450 y 500 millones, por lo cual la disminución neta de la deuda será de entre 550 y 500 millones. La perspectiva para el próximo año es que tenga lugar una reducción similar, según se desprende de las partidas incluidas en el Presupuesto como contraparte de los préstamos del BM.

Las autoridades del Banco consideran que si el Gobierno quisiera podría aspirar a desembolsos por el doble que el monto actual, hasta de 1000 millones de dólares. Pero evalúa que el Ejecutivo restringe la ayuda a 500 millones por su política de desendeudamiento y, también, porque tiene dificultades para ejecutar las partidas. De hecho, hasta 2009 hay aprobados desembolsos por 3300 millones de dólares, de los cuales la Argentina utilizaría la mitad.

La totalidad de los préstamos proyectados para los próximos tres años son los que se denominan “de inversión”. Es decir, créditos con fines específicos, ya sea para planes sociales o para obras públicas. En los noventa, en cambio, más del 75 por ciento de los préstamos eran “de ajuste”, es decir, para las “reformas estructurales” de esa década: privatizaciones y achicamiento del Estado. Era financiamiento con muchos menos controles y de aprobación mucho más rápida, pero que requería del aval previo del FMI. Como el Fondo compartía esas políticas, no había problemas para convalidar la asistencia. Desde que la relación con el FMI se quebró, esos préstamos flexibles y veloces terminaron.

Adonde aparecen las discrepancias con el BM es en los préstamos para obras en el área energética. Hay un acuerdo tácito entre el Gobierno y el organismo para no solicitar financiamiento para esas obras, debido a que el directorio lo rechazaría porque el Ejecutivo se niega a subir las tarifas de los usuarios residenciales. El diagnóstico del BM sobre la cuestión energética es que la Argentina está en problemas, operando sobre el límite, y que mientras no autorice subas de tarifas no habrá una situación sustentable. El Gobierno responde a ese diagnóstico con la acusación de que el Banco lo único que busca es defender los intereses de las empresas.

Más allá de esta cuestión, desde el Banco reconocen al Gobierno transparencia en la aplicación de los créditos, tanto para dar de baja hasta 450 mil Planes Jefas y Jefes Hogar mal concedidos (muchos de ellos migraron al Plan Familias) hasta para corregir una licitación de rutas nacionales por sospechas de cartelización. Esta última operación fue la que denunció Roberto Lavagna antes de dejar el Ministerio de Economía. El BM aclara que aquella licitación fue anulada a tiempo, incluso antes de la denuncia del ex ministro, y realizada nuevamente. Esas obras ya están en ejecución, con el apoyo de la entidad.