Hace diez años denunciábamos las consecuencias de la Ley Federal de Educación y hacíamos un llamado de atención: “El problema educativo excede a cualquier partido de gobierno y es indispensable encontrar con consenso y en conjunto las alternativas para poner de pie a la educación, antes de que sea irremediablemente tarde”.

Corría el año 1996 y la fiesta menemista refulgía a pleno.

Nadie quería ver más allá de sus propias narices. En ese contexto, la reforma educativa que tuvo como pilares la transferencia de los docentes y las escuelas a las provincias y la Ley Federal de Educación se mostraba en el discurso oficial como parte del combo modernizador que nos iba a eyectar al primer mundo. Sin embargo, la soberbia oficial rayaba en la desmesura. El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Eduardo Duhalde afirmaba: “La transformación educativa constituye el hecho revolucionario más trascendente en este campo, desde que Sarmiento impulsó la enseñanza gratuita y obligatoria”. Frase digna de una antología del ridículo.

Desigualdad y fracaso para nuestros alumnos. Atropello y desvalorización salarial y profesional para los educadores. Las cosas no cambiaron después con el gobierno de la Alianza. Todo permaneció igual pero sumando deterioro. Los docentes, a pesar del desgaste, desempeñaron un papel fundamental en el momento más arrasador de la crisis e hicieron de la escuela pública la única institución del Estado capaz de generar respuestas solidarias en lo peor del derrumbe social.

Demasiados años de desgaste, de conflictos sin horizontes de cambio. Demasiados años de elaborar diagnósticos y de hablar de la crisis de la educación pública sin atinar a nada.

Hoy, la inminencia de la sanción de la Ley Nacional de Educación nos pone frente a una nueva oportunidad. No admite más postergación empezar a cambiar esta realidad. La exclusión social y la exclusión educativa son las dos caras de la misma moneda. Hay que empezar ya a cambiar esta realidad.

El sistema de educación público debe jugar un papel estratégico para construir una sociedad integradora, democrática y capaz de asegurar, a través del protagonismo de la ciudadanía, la distribución de la riqueza.

Sustraer el debate del ajetreo electoralista, del duelo oficialismo-oposición, sería una buena señal para los docentes y para la sociedad civil que desde hace meses venimos debatiendo y elaborando aportes. En ese sentido, la votación positiva en el Senado, donde sólo se autoexcluyeron tres legisladores –dos bussistas y otro referenciado en el Opus Dei– constituye un gesto de madurez política.

Por supuesto, la mera sanción de la ley no garantiza por sí sola que los graves problemas del sistema educativo se empiecen a resolver. Pero no debe pasar inadvertido que relativizar esto muestra un solapado interés –por conservadurismo o por mezquino cálculo político– en que todo siga igual. Pero es una verdad innegable que las leyes tienen una eficacia simbólica y otra instrumental.

El Plenario Nacional de Organizaciones Sociales de la CTA afirmó al respecto: “Somos conscientes de que no es una ley de educación lo que va a crear empleo ni a distribuir la riqueza ni a modificar el patrón de acumulación económica. Pero sí creemos firmemente que puede mejorar las condiciones para seguir luchando por un país con democracia, trabajo, paz, soberanía y justicia social”.

* Secretario general de la CTA.