El desequilibrio de las cuentas del distrito más importante del país, déficit que ha quedado más expuesto por el conflicto salarial de los docentes bonaerenses, revela que, pese a cuatro años de extraordinaria bonanza, poco y nada se ha avanzado en fortalecer las débiles finanzas de las administraciones del interior y en construir una relación equilibrada entre Nación-provincias. Como en muchas cuestiones pendientes, si en las actuales condiciones de una economía creciendo a tasas históricamente elevadas no fue posible al menos empezar a estudiar –no revertir– una organización fiscal diferente, con criterios relativamente objetivos de distribución de los recursos, debe suponerse que será aún más difícil en otras condiciones. Un año electoral no brinda el escenario para debatir otro esquema de coparticipación federal, pero si no se comienza con esa tarea el pingüino o pingüina o cualquiera que aspire a ocupar la poltrona principal de la Casa Rosada se enfrentará cada vez más seguido con diferentes estallidos en las provincias. La billetera de la Nación puede ir apagando focos de incendio, como las cuentas en rojo de Buenos Aires. Se sabe, sin embargo, que los recursos son limitados y para adelante las demandas serán mayores. Las llamas de fuego pueden volverse incontrolables si no se busca ordenar el régimen de recaudación impositiva y el reparto de esos fondos. Evitar esa deflagración es una responsabilidad compartida de gobernadores y autoridades nacionales.

La provincia de Buenos Aires es el caso más grave. La experiencia reciente enseña que hay que prestarle atención a lo que pasa en esa zona geográfica: las movilizaciones en el conurbano en la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, el enfrentamiento Duhalde-Menem con su impacto en las expectativas económicas y el nacimiento de los patacones de Carlos Ruckauf en la administración De la Rúa son referencias a recordar. No es un dato menor una desestabilización de la economía del distrito que históricamente ha provocado con sus crisis la amplificación de las últimas debacles. Buenos Aires está en rojo y la tendencia no indica que vaya a revertirse ese color en el balance fiscal. Por el contrario, las estimaciones para este año son de profundización del desequilibrio a partir de la fijación del salario mínimo docente en 1040 pesos promovido por el Ministerio de Educación de la Nación.

En la Ley de Presupuesto bonaerense, la provincia anotó un déficit de 1600 millones de pesos para este año, que representa un 25 por ciento mayor al previsto para 2006. El aumento de los salarios docentes implicará una erogación adicional de 1540 millones, de los cuales de 400 a 500 millones serán aportados por la Nación, lo que el desbalance de la cuentas provinciales terminaría ascendiendo a unos 2600 millones. Ese rojo sería mayor porque se descuenta un efecto imitación por parte de los estatales, judiciales y profesionales de la salud que reclamarán un ajuste similar. La hipótesis más conservadora de un aumento salarial del 10 por ciento sumaría otros 1000 millones al déficit. Ese desequilibrio total (3600 millones) no será mayor si, finalmente, la gobernación logra la aprobación de ajustes impositivos (aplicación de adicionales en el inmobiliario y automotor, que el Senado bonaerense dio media sanción el jueves pasado). Pero igualmente será muy abultado.

Una parte importante de ese desalentador resultado tiene que ver con la injusta distribución de la coparticipación de impuestos que discrimina a Buenos Aires. También que la Nación no coparticipa la recaudación por las retenciones a las exportaciones. Pero ese evidente castigo a las cuentas de Felipe Solá, que según el armado político realizado por la Casa Rosada debería heredar Daniel Scioli, no explica exclusivamente la debilidad estructural de las finanzas de la provincia.

Pese al sostenido esfuerzo de Santiago Montoya, los recursos tributarios propios de la provincia representan sólo el 47 por ciento del total de los ingresos. Es cierto que la Justicia frenó la utilización de nuevas herramientas tributarias, como el embargo a contribuyentes morosos. Pero una provincia tan rica como Buenos Aires debería tener ingresos tributarios mayores y no depender tanto de las transferencias giradas por el Estado nacional. Lo que no implica, a la vez, el reclamo de lo que le corresponde del dinero que recauda el gobierno central y luego deriva a las provincias. Por ejemplo, Buenos Aires recibía el 10 por ciento de la recaudación neta del Impuesto a las Ganancias a través del Fondo del Conurbano Bonaerense hasta que en 1996 se fijó como techo la suma fija de 650 millones de pesos. El excedente de ese monto es distribuido entre el resto de las provincias de acuerdo con los coeficientes de coparticipación secundaria. Por lo tanto, La Plata comenzó a perder participación en ese reparto con el sostenido aumento de recaudación de Ganancias.

Esas cuestiones estructurales influyen decididamente en el saldo de las cuentas de la gobernación. Sin embargo, existen aspectos que suman incertidumbre que tienen que ver con el manejo de la propia administración, como lo es la deuda provincial. Ese es el punto débil de las finanzas de ese distrito. Los gastos aumentan por las mayores erogaciones en salarios y por indispensables obras públicas. La recaudación no aumentó tanto como se esperaba por la red de complicidad que existe en la Justicia y grandes contribuyentes, además de la escasa vocación de pagar impuestos de los sectores acomodados de la provincia. Y también existe la injusta distribución de recursos que emana de la coparticipación. Pero la carga de la deuda sobre el presupuesto sigue siendo muy pesada, teniendo en cuenta que se reestructuró una porción importante, extendiendo el plazo de pago y con una importante quita nominal del capital. El stock de la deuda provincial ascendió a 33.327 millones de pesos a fines de 2006. El principal acreedor es el gobierno nacional, que concentra el 61 por ciento del total, mientras que el resto se divide en bonos y organismos multilaterales. El cronograma de vencimientos, según el detalle elaborado por la consultora Economía & Regiones de Rogelio Frigerio (nieto), revela una exigencia mayúscula. En el período 2006-2010 se comprometen unos 14.245 millones de pesos sólo en concepto de amortizaciones de capital. Desde este año, el compromiso será de unos 3000 millones de pesos promedio.

En esa instancia es donde el déficit fiscal actúa como un fuerte condicionante de la administración provincial, tal como la experiencia enseñó durante la década del noventa a nivel nacional. La sucesión de acumulación de desequilibrios de las cuentas públicas en una escenario de creciente peso de la deuda en las finanzas implicará mayores necesidades de endeudamiento. Es una rueda que este año ha comenzado a girar (la colocación de un bono por 400 millones de dólares fue postergada por Solá por las turbulencias de los mercados internacionales), y ya se conoce cómo termina esa marcha. Por lo tanto, con el antecedente de la década pasada resulta saludable estar atento a las cuentas fiscales de las provincias, en especial las de Buenos Aires. Eso no significa que haya que traspolar la traumática experiencia de la década pasada ni repetir esquemas de ajustes como entonces. La Nación y Buenos Aires están a tiempo de desactivar lo que hoy es una bombita, que si no se hace nada puede transformarse en una artefacto potente que afecte la saludable política de inversión en obras públicas (infraestructura y viviendas) y de recomposición de salarios de los empleados estatales y de los docentes.