La Defensoría del Pueblo porteña pidió la intervención de la asociación profesional que nuclea de los médicos anestesistas, entidad a la que acusó de “atentar contra el derecho a la salud de los porteños”. La defensora Alicia Pierini presentó la denuncia ante la Inspección General de Justicia, la entidad que otorga personería jurídica y regula la actividad de las asociaciones civiles. Consideró que la asociación de anestesistas, al resistirse a la capacitación de nuevos profesionales en la medida en que la demanda lo requiere, actúa “en desmedro de la salud pública de los habitantes de la ciudad”.

La poderosa Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires ha logrado concentrar la formación y capacitación de los médicos de esa especialidad. Es decir que los anestesistas hacen sus residencias hospitalarias con la supervisión de docentes de su propia asociación profesional.

La crisis de la anestesia estalló a fines del año pasado, cuando en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez se produjo un cuello de botella en los quirófanos, con cerca de 4000 cirugías en lista de espera, demoradas, entre otras razones, por la falta de anestesistas.

La situación del Gutiérrez es la más dramática –por tratarse de pacientes pediátricos que no pueden ser operados– en un panorama general que afecta a los hospitales públicos de casi todas las provincias del país. “Es que al manejar el número de profesionales que capacitan por cada año, regulan la oferta de profesionales, que es siempre inferior a la demanda”, dijo a Página/12 el ministro de Salud bonaerense, Claudio Mate. Por supuesto, al restringir la oferta, se pueden negociar mejores precios para las prestaciones.

La provincia acaba de firmar un acuerdo con la asociación de anestesistas para incrementar el número de profesionales que se capaciten por año de 16 a 40. La ciudad de Buenos Aires todavía no pudo lograr que la entidad encare la formación de 50 nuevos anestesistas por año, tal como lo exige una ley sancionada por la Legislatura el 15 de febrero último. Hasta el año pasado, las residencias –que duran dos años– incluían sólo a unos 20 profesionales, número que resulta insuficiente para el sistema.

“Fue una ley para la que todos los bloques trabajamos juntos. Se aprobó por unanimidad, desde el macrismo hasta la izquierda, porque se requería una política de Estado para no estar presos de la Asociación de Anestesia”, explicó a este diario el legislador porteño Alejandro Rabinovich (ARI). “El manejo que hacen de la matrícula es el peor lobby que hay, no tiene límites”, evaluó.

Poderosos o no, lo cierto es que los anestesistas lograron unir por una vez a todos los legisladores y a éstos con el Ejecutivo porteño y la Defensoría del Pueblo, que apoyaron la sanción de la Emergencia Sanitaria en la ciudad, en la misma ley del 15 de febrero. Así y todo, aún no hubo acuerdo. El lunes, la Secretaría de Salud intimó a los anestesistas para que respondan si se harían cargo de la formación de los profesionales. La asociación amenazó con pedir la inconstitucionalidad de la ley, pero finalmente accedió a negociar con las autoridades sanitarias porteñas.

La pulseada es vista con expectativa por los ministros de salud de las provincias, ya que la crisis de la anestesia afecta a todo el país. La diferencia es que el área metropolitana concentra la mayor cantidad de hospitales de alta complejidad.

El tema fue incluido en la agenda sanitaria nacional: a mediados de febrero, los ministros de Salud de todo el país acordaron avanzar con una estrategia conjunta para garantizar la prestación de los anestesiólogos en hospitales y centros sanitarios. Lo hicieron en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde el propio ministro Ginés González García afirmó: “La situación de la anestesiología es un juego de mercado y a los juegos de mercado hay que enfrentarlos con el poder del Estado, para asegurar así la correcta prestación de este servicio a toda la población”. Allí se resolvió la creación de unos 200 nuevos cargos públicos de residencia en anestesia y la formación de un posgrado universitario en anestesiología.

Claudio Mate, ministro de Salud bonaerense, recordó que el problema en la provincia comenzó en 1993, con la formación de la Asociación de Anestesia, “que fue atrayendo a todos los especialistas, que renunciaron a la carrera hospitalaria, obligando al Estado a contratar a la Asociación como un servicio tercerizado”. “Comenzaron a operar entonces como una prestadora monopólica, por lo cual exigían valores casi extorsivos: porque sin anestesia no hay cirugía y sin cirugías, no hay hospital”, enfatizó el ministro. El acuerdo que lograron ahora, después de una larga pulseada, permite cubrir casi todas las vacantes de los hospitales bonaerenses “a un precio razonable”, afirmó Mate.

Desde la Defensoría del Pueblo porteña se denuncia que en la ciudad, “desde hace algunos años se cerró la residencia de anestesiología pediátrica por decisión de la Asociación de Anestesistas”. En un intento por reducir la cantidad de cirugías en lista de espera, las autoridades del Hospital Gutiérrez decidieron habilitar los quirófanos en turnos vespertinos. Pero las reiteradas ausencias de anestesistas obligaron a nuevas postergaciones, algunas de ellas “momentos antes de entrar al quirófano y con la presencia del resto del personal”.

“Ante la gran demanda (los anestesistas) optan por ir a la actividad privada. Hay por ende una reducción de colaboración que se manifiesta en un alto ausentismo”, dice Alicia Pierini en el escrito presentado esta semana. La ombudsman porteña advierte que, aunque la organización no tiene personería sindical, “se arroga facultades gremiales al intervenir, en representación de sus asociados, como monopolio que fija extorsivamente los aranceles que cobran sus profesionales”.

Para Pierini, esa actitud “vulnera el fin legal de bien común que deben perseguir las asociaciones civiles”, ya que “impiden a sus asociados prestar servicios en jurisdicciones que no tratan con la asociación, generando boicots y paros, provocando caos en la vapuleada salud pública”. Por ese motivo, solicitó a la Inspección General de Justicia que adopte “medidas de fiscalización y control” sobre la asociación para “hacer cesar las irregularidades denunciadas” y que se disponga la “intervención o la eventual cancelación de su personería jurídica”.

Página/12 intentó comunicarse ayer con la Asociación de Anestesia, pero ayer se había declarado un asueto en la sede de la institución y el personal presente no facilitó el acceso a ningún directivo. Tampoco pudieron dialogar con la conducción de la entidad los legisladores que los convocaron antes de sancionar la ley de emergencia.

La conducta de los anestesistas ya generó una intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia: en una causa iniciada por sanatorios privados porteños, en la que se denunciaba un aumento de los aranceles en los servicios de anestesiología, la Comisión dictó una medida cautelar a fin de que la asociación “cese en las conductas denunciadas”.