El trabajo informal volvió a bajar en el cuarto trimestre del año pasado y se ubicó en 42,9 por ciento, 2,6 puntos menos que en igual período de 2005, informó ayer el Indec. La mejora en la calidad del empleo se correspondió con la disminución de la desocupación que en el mismo lapso cayó de 10,1 a 8,7 por ciento. No obstante, la precariedad laboral continúa muy por encima de los valores que promediaba antes de la última crisis.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, la Población Económicamente Activa asciende a 16 millones personas. Si se descuentan los desocupados (8,7 por ciento) se reduce a 14,6 millones. Cerca de 11 millones son asalariados, de los cuales alrededor de 4,7 millones no están formalmente inscriptos, según se desprende de los datos informados ayer.

En 1980, los trabajadores en negro eran el 18 por ciento de la población económicamente activa. Una década después habían subido al 25,2 por ciento, en el 2000 representaban el 37,2 por ciento y luego de la devaluación volvieron a aumentar llegando al record histórico de 49,7 por ciento en el tercer trimestre de 2003. Desde entonces, el índice acumula una caída de casi siete puntos, lo que es interpretado por el Gobierno como un cambio de tendencia, que ha venido siendo apuntalada por una mayor fiscalización estatal.

Un informe difundido ayer por el Ministerio de Trabajo destaca que la reducción de la informalidad “marca un cambio drástico en la constitución del mercado de trabajo con respecto al modelo vigente durante la década del noventa, siendo el resultado de la implementación de un nuevo patrón de crecimiento”. En el informe se afirma que los factores que incidieron en la reducción del trabajo no registrado fueron: el crecimiento de la economía, el blanqueo de las empresas estimulado desde la AFIP a través del nuevo esquema de simplificación registral y el control y fiscalización del empleo por parte del Ministerio de Trabajo.

En los últimos tres años se realizaron inspecciones en más de 370 mil empresas fiscalizando la situación de 1,1 millón de trabajadores. Eso se instrumentó a través del Plan Nacional de Regularización del Trabajo y la vigilancia promete incrementarse, pues la semana pasada el ministro Carlos Tomada firmó un acuerdo con la Anses y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que le permitirá elevar de 475 a 900 la cantidad de inspectores en la calle.

Sin embargo, las cifras continúan muy por encima de los niveles previos a la devaluación, pese a que la economía va por su quinto año consecutivo de crecimiento record y el producto bruto ya supera ampliamente al de 1998, año en que se inició la recesión. Estos datos son citados por los analistas más críticos para plantear reparos frente al optimismo del Gobierno.

El trabajo en negro es uno de los indicadores que más se resiste a bajar, sobre todo si se lo compara con la disminución del desempleo y la pobreza. La brecha salarial entre el personal registrado y el precario continúa seduciendo a un gran porcentaje de los empleadores al momento de decidir el tipo de contratación. Pese a la mejora salarial de 20 por ciento que percibieron los trabajadores informales en 2006, desde la devaluación sólo pudieron actualizar sus retribuciones un 65 por ciento, mientras que los registrados recibieron aumentos del orden del 110 por ciento.

Del relevamiento oficial surge también que la informalidad laboral golpea con más fuerza en el Noroeste y Noreste del país, donde llega al 48,8 y 48,2 por ciento, respectivamente. Luego siguen Cuyo con el 45,2 por ciento, Gran Buenos Aires con 43,7 por ciento y la región pampeana con 40 por ciento. La mosca blanca es la Patagonia donde la tasa de informalidad es de “apenas” el 25,2 por ciento.