Repsol YPF confirmó ayer, desde Madrid, que tiene a estudio “la posibilidad de incorporar un socio local argentino al capital de YPF”. La comunicación oficial fue en respuesta a una publicación del fin de semana en la capital española que daba cuenta de una doble operación en marcha, por la cual la petrolera colocaría entre el 15 y el 25 por ciento de las acciones de YPF en manos de un socio argentino, y posteriormente colocaría otro 20 por ciento entre pequeños inversores. Según la versión periodística española, quedaban tres candidatos a convertirse en socio local de YPF: Jorge Brito (Banco Macro), Enrique Ezkenazi (grupo Petersen) y Eduardo Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000).

Según el diario madrileño Expansión, en su edición del último sábado, los tres mencionados fueron seleccionados luego de quedar descartados otros potenciales candidatos, como el grupo Techint o Antonio Calcaterra. El artículo destaca, entre las ventajas de Brito, la de ser además presidente de Adeba y actual consejero independiente y miembro de la Comisión de Auditoría de YPF. Estas condiciones no sólo lo acercan en la relación con la actual conducción de YPF, sino que además le otorgan la ventaja de que Antonio Brufau, presidente de Repsol, está priorizando en su búsqueda de nuevo socio la condición de que lo acerque a las “estructuras institucionales de la sociedad argentina”.

Eurnekian cuenta a su favor con ser vicepresidente primero de la Cámara Argentina de Comercio. Al igual que Brito, es considerado un empresario de buena llegada al Gobierno, condición casi excluyente en la selección que está haciendo Repsol. Pero, en este último plano, Enrique Ezkenazi sacaría cierta luz a favor, por su estrecha relación personal con el presidente de la Nación. El grupo que encabeza Ezkenazi es dueño del Banco de Santa Cruz, tras haberlo recibido de manos del propio Kirchner como gobernador, y es el agente financiero de dicha provincia. Eurnekian y Ezkenazi, además, aparecieron asociados pocos meses atrás, cuando juntos propusieron una operación de salvataje de la cooperativa SanCor para evitar que pasara a manos del Grupo Soros. Según se señaló entonces, con un guiño a favor del Gobierno. Pero luego apareció una oferta del gobierno de Venezuela que permitió salvar la situación y, a la vez, el carácter cooperativo de la empresa láctea.

La valuación que maneja Repsol sobre su filial YPF es de poco más de 10 mil millones de euros. Es decir, entre un 5 y un 10 por ciento por debajo del valor al que la petrolera española adquirió la compañía a fines de la década del ’90, cuando fue privatizada por el gobierno menemista. Entonces pagó 15 mil millones de dólares, valor que se estancó o declinó levemente por el declive de reservas en sus yacimientos y por las políticas de regulación antimonopólicas en el mercado de combustibles que se aplicaron en los últimos años, que recortaron sus ganancias extraordinarias en la franja de refinación y comercialización.

En su informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España de ayer, Repsol YPF refirió que “ambos procesos (por la búsqueda de un socio y la colocación de acciones en Bolsa) están en fase de estudio y análisis”. El tándem que controla la petrolera española –La Caixa y Sacyr Vallehermoso– confía en obtener un aporte total de cuatro a cinco mil millones de euros por ambas operaciones, que no se aplicarían al pago de la deuda financiera de la empresa, como se especuló, sino que buscaría simplemente fortalecer la relación institucional de la empresa, conforme a lo informado pocas semanas atrás por Brufau a la Junta de Accionistas.

La incorporación de un socio argentino quedaría resuelta durante el mes de junio, para ser concretada “durante el verano boreal” europeo (julio y agosto). Repsol contemplaría el financiamiento de la operación para evitar que el monto en juego sea un impedimento para el futuro socio argentino. La salida a la Bolsa ocurriría antes de fin de año. Repsol YPF es propietaria del 99,9 por ciento de las acciones de YPF S.A., siendo el restante 0,1 por ciento propiedad del Estado argentino, que además conserva el poder de veto (acción de oro) sobre determinadas resoluciones patrimoniales.