Los diputados María América González y Claudio Lozano se reunieron con la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay, a quien le expusieron su proyecto para garantizar la movilidad de las jubilaciones. Los legisladores proponen vincular la evolución de las jubilaciones con la marcha de los salarios, el incremento de los recursos previsionales y los ingresos tributarios aplicados al sistema jubilatorio.

El proyecto contaría con el apoyo de la oposición en el Congreso. Y, según González y Lozano, también era respaldado por el oficialismo, hasta que el Gobierno “modificó su postura cuando el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo ingresó contemplando un aumento del 13 por ciento para los pasivos”.

La ministra Argibay les habría respondido que “va a quedarse en Tribunales durante toda la feria de julio para estudiar la cuestión”. El martes, en tanto, los diputados se habían reunido con el juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, quien habría dicho –siempre de acuerdo con la versión de los diputados– que el de los jubilados “no es un tema que la Corte vaya a dejar dormir”. Para agosto, ya tendrían agendado un encuentro con Eugenio Zaffaroni. Los diputados se fueron con la impresión de que la Corte volvería a hacer un nuevo llamado de atención al Gobierno, hasta tanto no se imponga un criterio objetivo de movilidad de las jubilaciones.

Lozano explicó que “hoy el 70 por ciento de los pagos que efectúa la Anses son haberes mínimos, de 530 pesos, cuando en 2002 ese porcentaje era sólo del 17”. El organismo, “en lugar de aumentar los pagos a los jubilados, se está capitalizando a futuro: conformó un fondo de garantía con los fondos que las administradoras le remiten por los aportantes que volvieron al sistema de reparto, más sus propios excedentes, acumulados en estos años”, señaló.

Después de que la Corte instara al Gobierno a introducir un criterio de movilidad en los haberes jubilatorios, la administración Kirchner anunció a fines del año pasado la suba del 13 por ciento que comenzó a aplicarse desde enero último. En tanto que en los despachos oficiales se admite que, antes de las elecciones, el Presidente dispondría de otra mejora en las jubilaciones.

Sin embargo, para Lozano y González, “el aumento del 13 por ciento no constituye un criterio de movilidad válido que contemple los incrementos salariales o la recaudación previsional”, ya que no hay ninguna fórmula que permita inferir el 13 por ciento. “Sin una fórmula de movilidad que pueda seguirse de acá en adelante, seguirán primando la discrecionalidad e incertidumbre en materia de movilidad”, advierten.

La iniciativa de los diputados prevé establecer un “coeficiente de movilidad” de las jubilaciones, basado en la dinámica de los salarios y la evolución de los recursos presupuestarios. Además, contempla la actualización de los haberes desde el 2001, tomando como punto de referencia dicho coeficiente, con la intención de “reconstruir una relación haber-salario equivalente al 82 por ciento”.

La propuesta de Lozano implicaría un gasto anual adicional en jubilaciones de 11.775 millones de pesos, que podría ser financiado con los fondos disponibles en la partida presupuestaria anual más el acumulado de excedentes de unos 10.000 millones de pesos con que contaría Anses.