La prohibición de la oferta y demanda de sexo en el Rosedal de Palermo y “su entorno” reabrió la polémica sobre en qué lugares de la ciudad está permitida la actividad de las trabajadoras sexuales, que tuvo su pico máximo en el año 2004, cuando se discutió en la Legislatura el actual Código Contravencional de la ciudad. Legisladores del macrismo consultados por este diario coinciden con la medida dictada por el subsecretario de Areas Protegidas, Javier García Elorrio, y van más allá, al sostener que no debería permitirse la oferta de sexo en todos los espacios públicos de la ciudad.

El criterio podría ser el que prevalezca en la administración que asumirá el 10 de diciembre, con Mauricio Macri como jefe de Gobierno. De hecho, el Código habilita al Ejecutivo a reglamentar en qué espacios se autoriza la oferta y demanda de sexo. Hasta ahora, esa reglamentación no se ha hecho y, mientras tanto, rige una cláusula transitoria, que restringe la actividad a zonas ubicadas a más de 200 metros de viviendas, templos y escuelas.

Esa cláusula transitoria fue la que corrió a las travestis de la denominada zona roja de la calle Godoy Cruz, en Palermo, que tanto sublevó a los vecinos de ese barrio, al área más bucólica del Parque Tres de Febrero. “La reglamentación del artículo 81 –el que penaliza la oferta y demanda de sexo en la vía pública– debería hacerse por un decreto del jefe de Gobierno y no por una resolución de un subsecretario”, cuestionó ante Página/12 la legisladora porteña Silvia La Ruffa, del Frente para la Victoria, una de las redactoras del Código en vigencia. “Pero las trabajadoras sexuales pueden interpretar que esta es una reglamentación , hace caer la cláusula transitoria, por lo cual la oferta de sexo estaría permitida en toda la ciudad menos en el Rosedal”, agregó la diputada.

El artículo 81 del Código penaliza a quien “ofrece y demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad”. En una cláusula transitoria, el Código aclara que “hasta tanto se apruebe la autorización a la que hace referencia el artículo 81”, no se permite la oferta y demanda de sexo “en espacios públicos ubicados frente a viviendas, establecimientos educativos o templos o sus adyacencias”, entendiendo como tal a “una distancia menor a los 200 metros de las localizaciones descriptas precedentemente”.

“Nosotros no estábamos de acuerdo con la creación de zonas rojas y el Código, por la vía tácita, ha creado zonas rojas en la ciudad”, lamentó ante Página/12 el legislador Martín Borrelli, del bloque del PRO.

Borrelli se manifestó de acuerdo con la medida adoptada por García Elorrio porque “desde hace tiempo veníamos presentando pedidos de informes sobre las condiciones de higiene del parque, por las denuncias de vecinos que encuentran por la mañana preservativos usados en el lugar”. Borrelli opinó que la medida “podría extenderse a otros espacios” y definió que “si bien no estamos de acuerdo, la oferta de sexo podría realizarse puertas adentro, en el ámbito de la privacidad”.

En el mismo sentido opinó Jorge Enríquez, del bloque macrista Juntos por Buenos Aires. “No me opongo a la prostitución cuando se realiza en la intimidad, porque forma parte de las acciones privadas, pero siempre nos hemos opuesto a la prostitución callejera”, afirmó.

La Ruffa, en cambio, opinó que la prostitución a “puertas cerradas” permite “la explotación de mujeres y hombres”. La legisladora admitió que la norma que sancionaron en 2004 podría abrir el camino para que una próxima gestión prohíban “la oferta de sexo en toda la ciudad”. Aunque reconoció que la actividad resulta “molesta para muchos vecinos”, la legisladora afirmó que “mientras no existan posibilidades para las trabajadoras sexuales, no puede prohibirse”.