No es la primera vez que las Fuerzas Armadas y de seguridad realizan tareas de inteligencia interior sobre organizaciones políticas y sociales, prohibidas por tres leyes nacionales. Pero ahora fueron fiscales y policías federales los que entregaron informes a la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (Ufidro) sobre la “presunta amenaza del narcoterrorismo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”. En esos trabajos pusieron bajo la lupa los “secuestros de la Triple Frontera” y las actividades en el país del vocero de las FARC Javier Calderón. Entre los “denunciados” están Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Patricio Echegaray y la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Esta semana la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) le planteó al presidente Néstor Kirchner que esa “supuesta situación de emergencia” fue utilizada para justificar “la ruptura de las reglas que gobiernan la persecución penal del Estado”.

Según plantearon los abogados de la Liga, estos espionajes recogieron información que las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional establecen como prohibida para los uniformados, y vulneraron el sistema de derechos y garantías establecidos en la Constitución. “Con el pretexto del combate contra el narcoterrorismo se persigue al campo popular y lo grave es que esto ya ocurría aun antes de la sanción de la Ley Antiterrorista”, advirtió el abogado José Schulman, de la LADH.

“25 de marzo de 2004, a las 18.00 horas, en la sede de la biblioteca de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen nro. 1546 se efectuó un evento conmemorando los 40 años de la creación de las FARC (...) hicieron uso de la palabra Rubén Batallares (miembro del PRT-ERP), Eduardo Soares (ex montonero y abogado defensor del integrante de ETA detenido por Interpol en Argentina, Jesús Iriondo), Patricio Echegaray (secretario general del Partido Comunista). Herman Schiller (miembro del Partido Izquierda Unida) dio comienzo al acontecimiento conmemorando los 40 años del grupo terrorista (...) Se proyectó una película en VHS que contenía imágenes de la acción psicológica de las FARC, escenas de combate nocturno y diurno y en la selva, el ataque a una comisaría del interior de Colombia.”

Esto es parte del informe que el fiscal general Daniel Adler, de Mar del Plata, envió a la Ufidro, que conduce su colega Alberto Gentili. El nivel de detalle evidencia que el espía estuvo presente en el acto que describe, y en su informe no omitió una “introducción” (“En los últimos 6/7 años las FARC habrían ido ganando paulatinamente un lugar entre las organizaciones de izquierda...”), y la enumeración de los pasos de Calderón desde el 28 de agosto de 1996. Según la documentación a la que tuvo acceso Página/12, a pesar de los años transcurridos, Gentili lo recibió el 21 de marzo. Y le preguntó si había promovido la denuncia correspondiente, “para evitar la eventual promoción de actuaciones simultáneas sobre un mismo objeto”. El funcionario de Mar del Plata contestó que se había limitado a poner a la Ufidro en conocimiento de los hechos. El 26 de marzo, ese organismo recibió un llamado del Departamento de Narcotráfico de la Aduana en el que le refirieron que “a partir de la información solicitada por esta Unidad había remitido el alerta a todas las aduanas del país por 30 días”.

El otro informe proviene de la sección Triple Frontera del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), que depende de la Policía Federal, y hace referencia a la modalidad de los “secuestros” en esa zona desde 2001 como “forma de financiamiento” político, en los que dice haber comprobado la conexión de las FARC con el Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile. “Han recurrido a este delito organizaciones transnacionales compuestas por paraguayos, argentinos, brasileños y chilenos”, consta en el documento elaborado por la DUIA que también recibió la Ufidro de la fiscal federal de El Dorado, Liliam Delgado. Y afirma que durante el juicio contra los acusados del secuestro y asesinato de la joven Cecilia Cubas, hija del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas Grau, surgió un “cruce de llamadas e intercambio de e-mails entre dirigentes del PPL y de las FARC”. En la denuncia ante Kirchner, la LADH destacó que la Federal da como válido ese juicio, que estuvo atravesado por denuncias de graves irregularidades y violaciones a los derechos humanos de los seis paraguayos acusados. Y en un reciente artículo de La Jornada, de México, Stella Calloni consideró que la descripción de los policías asimila la situación a los tiempos en que los organizadores de la Operación Cóndor justificaban la ilegalidad de su accionar por “la necesidad de combatir” a una coordinadora de organizaciones revolucionarias de los países del Cono Sur.

“Estos informes, en los que se describen actividades políticas y sociales pero no se habla ni de un porro, habilitan a que nos investiguen a todos los militantes sociales que, por ejemplo, participamos de varios foros en la Triple Frontera por el tema del acuífero. Apuntan a deslegitimar a dirigentes populares vinculándolos con las FARC y a insistir con que la Triple Frontera es ‘ese sitio oscuro a atacar’, como dice (George) Bush”, enfatizó el abogado Schulman, de la LADH. “Cuando (el fiscal) Gentili recibió esta investigación pueril debió desestimarla y mandar a investigar la violación de la Ley de Seguridad Interior. Por eso le preguntamos al Presidente si la actitud de los fiscales y los lineamientos fijados por la Policía Federal responden a sus directivas, porque en caso contrario tiene que tomar las medidas necesarias”, completó el letrado.

La LADH consideró que las “ilegales tareas” se basaron en lo que se conoce como el derecho penal del “enemigo”, entendido como una “mera fuente de peligro que debe ser neutralizada”. Además, entendió que de los documentos presentados no surgen “hechos” incriminados, sino “conductas” o actividades de militancia política y social, pero sí la violación del derecho a la intimidad y del principio de inocencia. La Ley de Defensa Nacional establece que “las cuestiones relativas a la política interna del país no pueden constituir hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia” militares y de las fuerzas de seguridad. La Liga recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre el “riesgo que pueden implicar las medidas para combatir el terrorismo” para la garantía de los derechos y libertades, el debido proceso y la no discriminación “por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, o cualquier otra condición social”. El escrito fue sellado en Presidencia el 24 de julio. La Liga espera respuesta antes de acudir a los tribunales de Comodoro Py.