El juez que entiende en la demanda del grupo Greco contra el Estado por 600 millones de pesos, Juan Francisco de Asís Soto, dispuso el embargo de bonos de la deuda pública por esa cifra, para garantizar el pago de “lo adeudado” al ex consorcio bodeguero y bancario, en concepto de resarcimiento por las empresas intervenidas y desapoderadas durante la última dictadura militar. El reconocimiento del compromiso con el grupo empresario fue realizado bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Pero fue con el actual gobierno, cuando el ministro de Economía era Roberto Lavagna, que se firmó un acuerdo para el pago, homologado en agosto de 2005 por el mismo juez Soto. Un pedido del Ejecutivo al Congreso de autorización de endeudamiento para abonar dicha deuda provocó la reacción de la oposición, que cuestionó ese pago. La ministra en ese momento, Felisa Miceli, se declaró ajena al pedido de dicha autorización y responsabilizó al equipo legal de su cartera, que seguía en funciones desde la gestión de su antecesor. El juez federal Sergio Torres investiga, en causa paralela, si hubo irregularidades en todo el trámite en favor de los Greco y en la homologación del acuerdo, por el que Miceli también denunció al juez Soto.