A un año del comienzo de las denuncias por manipulación de datos y del desplazamiento de varios empleados, la comisión técnica de ATE-Indec presentó ayer un cálculo alternativo para el polémico índice de precios (IPC) que refleja una fuerte variación respecto del valor oficial. Para la elaboración de la estimación de los primeros nueve meses del año los trabajadores del organismo utilizaron los datos del IPC-Mendoza, ya que según señalaron empleados del Indec “hasta ahí llegan los datos confiables”. A partir de septiembre, como en los libros de la colección “Elige tu propia aventura”, el ejercicio propone tres escenarios posibles, que ubican la inflación entre 22,3 y 26,2 por ciento. El trabajo destaca el incremento de precios sufrido por el rubro alimentos y bebidas que se encontraría subestimado a un cuarto o un quinto de su valor real.

Con la metodología empleada por la comisión, el valor del IPC-GBA, el índice más utilizado, es de 19,1 por ciento. Este dato proviene del obtenido en Mendoza que, según indican en el documento, fue utilizado como referencia para las estimaciones por su amplia cobertura, por disponer de una serie histórica larga y debido a que el comportamiento de las variaciones del índice mendocino son similares a las reflejadas por el IPC-GBA. El dato oficial acumulado para los primeros nueve meses rondaba el 6 por ciento.

A partir de ahí surgen tres alternativas. En dos de las propuestas el índice se comporta de la misma manera que en los últimos tres meses del 2006 y la tercera estimación supone que la tendencia que se observa hasta septiembre del 2007 se mantiene hasta fin de año:

- La primera estimación supone que el comportamiento del IPC-GBA del último trimestre del 2007 fue igual al de 2006, con lo que la inflación se ubicaría en el 22,3 por ciento.

- La segunda posibilidad estima que la variación acumulada del índice fue de 23,4 por ciento, al asumir que la evolución de cada rubro del índice fue igual en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano.

- La última alternativa refleja la mayor variación de precios, 26,2 por ciento, y para calcularla los trabajadores mantuvieron la tendencia observada hasta septiembre para lo que restaba del año.

Las mayores variaciones en todos los escenarios las sufren los rubros alimentos y bebidas, educación y por último equipamiento y mantenimiento del hogar. Los dos últimos items, si bien aumentaron bastante, tan solo representan el 10 por ciento del índice, mientras que el rubro alimentario tiene un peso mayor y recibe una ponderación mayor al 30 por ciento. En este caso, los aumentos según los cálculos alternativos se situarían entre el 36,6 y 38,4 por ciento, muy por arriba del casi 9 por ciento oficial. Los trabajadores del Indec advirtieron la importancia del rubro cuyos valores impactan directamente en las estimaciones de la canasta básica alimentaria, con la que se determinan los porcentajes de pobreza e indigencia. El informe señala que “la evolución de los precios habría afectado en mayor medida aquellos hogares de menores ingresos, en cuyo presupuesto pesa más el gasto en alimentos y bebidas”.

Las variaciones alternativas presentadas ayer difieren no sólo de los datos oficiales, sino que también superan las estimaciones realizadas por muchos economistas de la city porteña consultados por Página/12, que a finales del año pasado habían calculado que la inflación se ubicaba entre el 15 y el 20 por ciento. Los trabajadores del Indec agrupados en ATE proponen que la alternativa se utilice como referencia y que sirva como herramienta para la discusión salarial.

Mientras tanto, en el Indec las denuncias de presiones continúan. La ex directora de la encuesta permanente de hogares del organismo, Cynthia Pok, advirtió ayer que “en estos momentos se vive un desmantelamiento del Indec a través de despidos, desplazamientos, sumarios, hostigamientos de todo tipo, inclusive con la presencia de matones en el instituto”. Por otra parte, la Justicia repuso en su cargo a Luciano Belforte, ex jefe de la oficina de Ingreso de datos del IPC, que había sido trasladado al Ministerio de Economía, aunque se desempeñara como data entry. El conflicto, por ahora, parece no tener solución.