Los registros nacionales y seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberán desde hoy supervisar el cumplimiento de nuevas directivas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF). La nueva reglamentación está destinada a incrementar los controles para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos y posible financiamiento del terrorismo en actividades vinculadas con la inscripción y transferencia de prendas. Los responsables de los registros requerirán a las personas físicas y jurídicas que justifiquen, mediante una declaración jurada, la procedencia del dinero toda vez que realicen trámites por montos mayores a los 50 mil pesos. Si las operaciones superan los 200 mil pesos, deberán exigir, además, la documentación necesaria para respaldar esos datos, que contemplará la presentación de “un acta notarial autenticada, la certificación de un contador público, registros bancarios, etc.”, informó la dependencia nacional. Se pedirá, junto con los datos filiatorios, los documentos para acreditar identidad y los códigos de identificación laboral o tributaria. La UIF dispuso también mecanismos especiales de control de fideicomisos y la implementación de “medidas reforzadas” a funcionarios públicos. En los casos en que existan indicios para reportar a la Unidad una operación sospechosa, debe cursarse la información en un plazo de 48 horas, anexando la documentación que justifique el trámite.