Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados estaba por comenzar el debate del proyecto que pretende regular la compraventa de tierras en manos de extranjeros. El proyecto se iba a tratar hoy después del mediodía, junto con el nuevo estatuto del peón rural, pero la estrategia cambió durante la sesión de ayer. La idea fue adelantar el debate de ambos temas para que no coincidan con la movilización que estaba organizando Gerónimo “Momo” Venegas, para expresar su rechazo a la iniciativa, que fija un nuevo marco laboral para los trabajadores del campo (ver aparte). El Gobierno quiere aprovechar el impulso legislativo para conseguir la sanción de todo el paquete de leyes de las sesiones extraordinarias para el próximo jueves.

El proyecto que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril de 2011. El ex ministro de Agricultura y actual titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, fue quien conformó un equipo de trabajo multidisciplinario para armar el proyecto de ley, bajo la tutela de Eduardo Barcesat y el especialista en derecho agrario Aldo Casella.

La norma fija que sólo se podrán vender a extranjeros hasta un 15 por ciento de las tierras rurales del país, esto es las que están por fuera del ejido urbano. En el proyecto original, el límite era del 20 por ciento. Este límite se hace extensivo a los municipios, departamentos y provincias. Otro límite tiene que ver con la cantidad de hectáreas que pueden ser adquiridas por un mismo titular. Se fijó en 1000 hectáreas. La oposición quería incluir la definición de unidades productivas, pero el Ejecutivo rechazó ese término. Para especificar más el límite y encontrar alguna equivalencia entre zonas núcleo y zonas marginales, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales –que se creará con esta ley– deberá tener en cuenta la localización de las tierras, así como también la capacidad y calidad para su uso.

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es el que afirma que las operaciones de compraventa de tierras no pueden ser consideradas una inversión. Este artículo tiene por objetivo evitar cualquier cuestionamiento ante el Ciadi y deja en evidencia ciertas críticas a los tratados bilaterales de inversión firmados por el país. Más allá de todos estos límites, no se afectarán los derechos adquiridos de las empresas o titulares extranjeros que ya tengan tierras en el país.