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¿Debería variar el precio interno del petróleo crudo y de los combustibles de acuerdo con el nivel del precio internacional? Desde algunas tribunas de opinión, se había calificado como “un absurdo” que, mientras en países limítrofes con Chile y Uruguay (que no se autoabastecen) el precio en surtidor bajaba, aquí permanecía inalterable. Ahora que el gobierno nacional acordó con distintos sectores involucrados una baja del 5 por ciento, las mismas voces la califican de “insuficiente”, sosteniendo que el valor de las naftas sigue siendo más alto que un año atrás. Suponían que el Gobierno iba a rendirse a la presión de las refinerías para permitir la caída libre del precio del petróleo que consumen. No fue así. El Gobierno mantuvo, ante estas circunstancias, lo que a esos sectores neoliberales más les irrita: su capacidad de regulación e intervención en el mercado para definir precios y ejercer el control del abastecimiento.

La decisión del Gobierno de aplicar una reducción en los precios de los combustibles en surtidor está lejos de reflejar que se “concedió al mercado” la facultad de fijar los precios. Por el contrario, es la respuesta de la política de regulación a un impacto externo, como la brusca baja en el precio internacional del crudo de casi un 50 por ciento en seis meses. Un mecanismo para proteger el sendero de recuperación de la producción de hidrocarburos, manteniendo a su vez el impulso de las inversiones en yacimientos no convencionales y el aliento a las exportaciones de petróleo pesado, en el que Argentina puede generar excedente sobre la demanda interna. Al mismo tiempo, se da una señal a la economía interna de una reducción en el costo de uno de los insumos principales de la economía, el combustible, en el inicio del nuevo año, del que se espera se desarrolle con menos tensiones inflacionarias que las que hubo en el que termina.

Regulación significa, en este caso, definir el precio de los hidrocarburos que reciba el productor de cada cuenca (se diferencias por nivel de calidad del crudo que extraen), que les abonan las refinerías; también es definir el precio de salida de refinería del combustible y el que resulta, sumada la carga impositiva y el margen del expendedor, en el surtidor, que paga el usuario. El productor o concesionario de un área tiene, además, una renta por el crudo que destina a exportación, cuyo precio neto está también regulado a través de las retenciones móviles.

Entre estas múltiples variables se manejó el Gobierno para encontrar un esquema que, a la vez, garantizara la continuidad del incremento en la producción y en las inversiones, la oferta exportadora, el abastecimiento interno de combustibles y un precio conveniente para el mercado interno. El resultado que se habría alcanzado con un traslado mecánico de los precios internacionales hubiera sido muy distinto.

Para hacer efectiva esta regulación, el Estado necesitó, además, poder contar con una YPF recuperada, con capacidad de participación en los distintos tramos del negocio pero, además, directamente involucrada tanto en las políticas de inversión como en el conocimiento de la estructura de costos del sector. “Cuando YPF estaba en manos de Repsol, el Estado terminaba haciendo lo que le ordenaban las empresas, porque ni siquiera tenía información del sector”, recordó ayer un especialista consultado por este diario.

Quienes sostienen que el precio interno debería seguir el ciclo del precio internacional, el “precio de mercado”, no explican cómo se puede sostener una política de recuperación de la producción y la inversión con oscilaciones que llevaron, en la última década, el precio del barril WTI de 30 dólares (promedio anual) en 2003 a casi 60 en 2005 (100 por ciento en dos años), una leve suba en los dos años siguientes para pegar un salto a 145 dólares en julio de 2008, y descender a menos de 40 en diciembre del mismo año. Un nuevo ciclo ascendente hasta 95 dólares en 2011 hasta un nuevo año, como el actual, de máximos (110 en julio) y mínimos (55 esta semana) sucesivos. Sólo una fuerte intervención estatal, logrando que el precio en los distintos tramos sea una consecuencia de decisiones políticas y no de “precios de mercado”, puede evitar que el negocio sea sólo para especuladores.