El fiscal federal Federico Delgado presentó un dictamen para que se abra una investigación penal que determine si el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, junto con otros funcionarios judiciales llevaron adelante una “ingeniería ilícita” para quitar poder y recursos económicos al Consejo de la Magistratura y lograr la “desarticulación del sistema de control externo e interno de la gestión de los recursos del Poder Judicial”. Así, Delgado le dio impulso a una denuncia presentada por la legisladora porteña Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica), que señaló mecanismos y presuntos acuerdos con funcionarios del propio Consejo para lograr que la mayor parte del dinero judicial lo maneje la Corte. El juez que deberá evaluar el caso es Luis Rodríguez.

El planteo de Oliveto sostiene que desde 2005 se transfirieron estructuras del Consejo a la Corte; se “desarticularon mecanismos de toma de decisiones y control interno de la administración de los recursos del Poder Judicial”; y fue “débil” la intervención de la Auditoría General de la Nación en los controles que pactó con la Corte. Aprovecha para criticar leyes y decisiones del kirchnerismo, entre ellas la ley del Consejo de 2006.

Según dice el fiscal, en base al planteo de Oliveto, se fueron cooptando oficinas del Consejo y dejando los controles de los recursos económicos “en manos de personas allegadas al presidente de la Corte”, entre quienes señala a Pedro Meydac en el cuerpo de auditores, Luis Devoto en Asuntos Jurídicos del Consejo, y Hugo Borgert y Germán Krieguer en la Administración General, recientemente desplazados. La legisladora los señala como funcionarios del Consejo que reportaban a la Corte.

En el Consejo de la Magistratura recuerdan que la esencia de la discusión se vio en la polémica por la democratización de la Justicia. Como la Constitución Nacional dice que el dinero judicial lo administra el Consejo, se debían reformar las normas de presupuesto, que prevén que quien distribuye las partidas es el presidente de la Corte. Existe una contradicción normativa de base. Pero en medio de las negociaciones por aquella reforma fallida, finalmente el Gobierno aceptó el pedido del alto tribunal de dejar todo como estaba.

Así las cosas, más allá de que las denuncias de la Coalición Cívica apuntan a desacreditar a Lorenze-tti, hay rasgos claros de funcionamiento. Si bien el Consejo recibe el 70 por ciento del presupuesto del Poder Judicial, la mayoría lo destina a salarios, cuyos aumentos los marca la Corte. Si la plata no alcanza, el organismo se las tiene que arreglar para conseguir el resto. Este último año el máximo tribunal dispuso aumentos progresivos que llegaron hasta el 39 por ciento. El Consejo destina el 93 por ciento del presupuesto a salarios. También paga suministros, obras, alquileres. Si quiere reasignar una partida, sólo puede hacerlo con aval supremo. La Corte, que tiene excedentes, cuenta con un “fondo anticíclico” que usa a piacere. Tiene fuentes de recaudación enormes, como la tasa de justicia por la que recibió el último año 1400 millones de pesos, según fuentes judiciales. El presupuesto del Poder Judicial para 2015 es de 12.000 millones de pesos.

Oliveto dice, y Delgado refleja, que habría existido un acuerdo con determinados consejeros para lograr una “ingeniería burocrática” por la cual queda “vía libre para licitaciones privadas y contrataciones directas”. El fiscal reclama reconstruir los vínculos de Lorenze-tti con funcionarios y consejeros como el juez Luis Cabral, ex titular de la Asociación de Magistrados y su sucesor allí, Ricardo Recondo, entre otros.