El proyecto de ley otorgando facilidades a prestadores de salud (clínicas, sanatorios, geriátricos, laboratorios, obras sociales y otros) para regularizar su situación impositiva y previsional recibió media sanción en el Senado. La norma abre la posibilidad de que las entidades con deudas con el sistema de seguridad social y con la AFIP puedan acceder a un plan de pagos por los incumplimientos de hasta cinco años atrás.

El proyecto, aprobado por 50 votos positivos y 1 en contra, autoriza a las empresas y entidades mencionadas, incluidos servicios de emergencia médica, a cancelar las deudas fiscales y previsionales con la AFIP en un plazo de quince años, con un interés del 6 por ciento anual. Se estima que las deudas globales de esos contribuyentes ascenderían a entre 1000 y 1200 millones de pesos, que se fueron sumando a partir del dictado de la emergencia sanitaria a principios de 2002.

La propuesta, enviada por el Ejecutivo al Congreso, precisa que se podrán adherir “los prestadores médico-asistenciales públicos o privados y las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud que hubieran sido alcanzados por la emergencia sanitaria nacional”. Las empresas que no se hayan inscripto en la renegociación, y aquellas en estado de quiebra, querelladas o denunciadas penalmente, están excluidas de los beneficios de la ley. Los que se inscriban “no podrán distribuir dividendos societarios ni utilidades” hasta que “no hayan cancelado la totalidad del plan de facilidades de pago”, advierte la norma.

Para acceder a los planes, “las empresas deberán renunciar o desistir de los juicios o procedimientos administrativos entablados contra el Estado pidiendo un ajuste por inflación”. Además, el proyecto establece que con el fin de regularizar la situación jubilatoria de los trabajadores de la sanidad, las primeras cuotas irán a cancelar la deuda por aportes previsionales.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, remarcó que el plan “permite regularizar el funcionamiento del sistema” y elogió el proyecto argumentando que se está “dando un salto cualitativo extraordinario”. Recordó que la emergencia sanitaria que fue prorrogándose desde 2003 hasta la actualidad sirvió para “fortalecer el hospital público y poner los medicamentos al alcance de las familias pobres”.

En tanto, el radical Ernesto Sanz reclamó que “antes de haberse llegado a esta situación, el Estado debió haber entregado un detalle exhaustivo de quiénes son los beneficiarios”. “Con estas moratorias es común que se meta en la misma bolsa a los cumplidores y a los no cumplidores, a los buenos y a los malos”, remarcó el jefe del bloque de la UCR.