La asamblea constituyente de Ecuador aumentó considerablemente el presupuesto nacional al votar una ley que centraliza los recursos de origen petrolero. En su cuarto mes de funcionamiento, los asambleístas aprobaron el miércoles una nueva ley que permite incorporar al presupuesto nacional unos 5000 millones de dólares provenientes de fondos petroleros.

“Se tiene que enterar todo el mundo. Se acabó el festín de los fondos petroleros y estamos recuperando la soberanía”, señaló a Página/12 Alberto Acosta, presidente de la asamblea y líder de la oficialista Alianza País. Pese al incremento presupuestario, los nuevos recursos se emplearán sólo en gastos de inversión. La norma también concede nuevas atribuciones al Ejecutivo para intervenir en el otorgamiento de crédito y endeudamiento externo del Estado. Hasta ahora el Banco Central concentraba esas funciones desde el 2000, cuando la economía de Quito fue dolarizada.

Una vez más el oficialismo logró pasar otra de sus iniciativas. Con su publicación, la nueva ley entró en vigencia sin necesidad de esperar al referéndum constitucional que se realizará probablemente en mayo. Luego de rechazar la instalación de bases extranjeras en Ecuador, Alianza País aprobó la Ley orgánica para la recuperación del uso de los recursos petroleros del Estado y racionalización administrativa del endeudamiento. Según sus autores, la normativa aumentará en un 42 por ciento el presupuesto de Ecuador para 2008, estimado en 12.000 millones de dólares. Para ello, todos los recursos públicos de origen petrolero deberán ingresar al presupuesto nacional como ingresos de capital.

Asimismo, se elimina la autonomía de que antes gozaban los fideicomisos y fondos, concluyó un comunicado de la asamblea. Antes estos recursos residían en una cuenta del Banco Central y sólo podían ser movilizados bajo condiciones específicas, indicó a este diario Fernando Cordero, el vicepresidente de la asamblea. “Ecuador tenía millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros que no se invirtieron en el 2007, mientras el país se endeudaba y pedía plata a Colombia y Perú para obras hidroeléctricas”, recordó. Ahora el manejo de esos recursos, cree el asambleísta oficialista, va a ser más transparente.

Aunque algunos legisladores oficialistas argumentaron que los nuevos fondos aportarán su parte a educación y salud, la normativa aprobada indica que los ingresos petroleros acumulados sólo garantizarán gastos de inversión, como obras hidroeléctricas y viales. “No podrán utilizarse para asignaciones de gasto corriente como sueldos, bienes y servicios”, señala el texto. En cambio, la ley dispone que son los rendimientos generados por dichas inversiones los que serán destinados a áreas sociales.

El proyecto oficialista recibió el apoyo del Movimiento Popular Democrático e Izquierda Democrática, entre otros partidos, mientras que fue cuestionado por la oposición. El asambleísta León Roldós de RED dijo que al considerar las remesas petroleras como ingresos de capital, el presupuesto de los municipios que antes garantizaban los fondos se reducirá. Lo mismo sucederá con el monto destinado a educación, agregó.

Pero Acosta cree que el resultado es el inverso. “Se acabó con la descentralización con discursos, ahora es con recursos”, señaló.

La otra reforma que entró en vigencia el miércoles también generó debate. La Constituyente aprobó la creación de un Comité de Deuda y Financiamiento, que estará integrado por el presidente de la República e intervendrá sobre toda negociación de reestructuración, canje, colocación, redención o recompra del pasivo externo público, que supere el 0,15 por ciento del presupuesto general. Actualmente, la deuda externa es de 10.452 millones de dólares, un 21,5 por ciento del PIB en enero pasado.

Lo que para la oposición acarrea una concentración del poder, el oficialismo lo festejó como un mecanismo para un mayor control de la deuda externa. “Para el endeudamiento interno y externo no se requerirá del dictamen del Banco Central”, reza la disposición. En una clara disputa con la banca estatal, la nueva ley permite al ministro de Finanzas aumentar o rebajar créditos alterando los niveles fijados en el presupuesto general hasta en un 15 por ciento, cuando antes el tope era de un 5 por ciento.

Informe: Juan Manuel Barca.