La camarista de Casación Penal Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, una de las denunciadas por los organismos de derechos humanos por demorar los juicios contra represores, presentó ayer la renuncia a su cargo alegando problemas de salud y la intención de jubilarse. Es la tercera integrante del tribunal que anuncia su retirada desde que el Consejo de la Magistratura inició una investigación hace un año, que involucra en particular a la sala de la que ella forma parte y a Alfredo Bisordi.

La primera en decir adiós, ya en abril del año pasado, fue la ex jueza Amelia Berraz de Vidal. No era la más comprometida en el expediente del Consejo de la Magistratura porque, en realidad, estaba excusada en las causas sobre los crímenes dictatoriales por su amistad con un militar imputado. El Gobierno enseguida le dio el visto bueno para jubilarse. Distinta es, hasta ahora, la situación de Bisordi: renunció a comienzos de marzo último con fecha de salida 31 de ese mismo mes pero como aún el Poder Ejecutivo no se pronunció sigue yendo a trabajar (ver aparte).

Capolupo integra la lista de jueces cuestionados por 61 sobrevivientes de la dictadura y familiares de desaparecidos por las dilaciones en 200 recursos relacionados con los juicios sobre el terrorismo de Estado. El pedido de remoción abarcaba también a sus colegas de la Sala IV Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, quien subroga a Berraz de Vidal en estos temas. Bisordi no forma parte de esa sala, pero se le imputa haber facilitado como presidente de la Cámara las maniobras judiciales tendientes a paralizar las causas contra los represores.

En febrero último, Capolupo y Hornos sumaron otra denuncia por dictar un fallo con citas de una sentencia anterior que no existía, favorable a la excarcelación del represor Víctor Rei. Entretanto, el Gobierno pulió un proyecto de reforma de Casación y la presidenta Cristina Kirchner lo presentó la semana pasada: se anexaría una nueva cámara a la existente.

En el plenario del tribunal del martes último, Capolupo les anunció a sus pares que tras el feriado del 2 de abril presentaría su renuncia al Gobierno. Ayer dijo públicamente que su decisión “no tiene que ver” con el juicio político sino con “razones de salud”. “Yo ya me defendí el año pasado y tengo la conciencia tranquila porque si hubo una demora en todo caso es atribuible a otra sala”, se despegó. Ante sus colegas había dicho algunas otras cosas, según reconstruyó Página/12: que ya no podía soportar la mala convivencia interna y que no sabía en qué podía terminar el juicio político en el que –les reprochó– ninguno había hecho nada por ayudarla.

Lo que ya hace un año determinó un clima irrespirable puertas adentro de Casación fue la reacción de Bisordi ante el reclamo del ex presidente Néstor Kirchner por las demoras en los juicios. Lo acusó de buscar la “suma del poder público”, lo calificó de “enemigo” y dijo que en 40 años (la dictadura inclusive) no había visto una “intromisión” semejante. Bisordi renunció a la presidencia de la Cámara cuando sus compañeros abortaron su intento de promover dentro del tribunal a su mujer y a su sobrina. Sostuvo: “Se ha generado en mí un profundo sentimiento de aversión respecto de la mayoría de los miembros del tribunal.”

Bisordi, paradójicamente, estuvo actuando como suplente en la polémica Sala IV desde que se fue Berraz de Vidal. Si el Gobierno acepta la salida de Capolupo, en esa sala –que además de las causas de derechos humanos, tiene la de las irregularidades en el caso AMIA– quedará sólo Hornos. En términos prácticos, la situación de toda la Cámara, compuesta por doce jueces, es complicada: hay una vacante, dos renuncias en trámite y un juez, Pedro David, de licencia por un año para ir al Tribunal de La Haya.

En el texto de su renuncia Capolupo defiende su “larga trayectoria”. Omite, claro, su criticado ingreso a Casación por impulso Carlos Menen. Sólo había trabajado en el fuero civil y tenía más de un bochazo en la facultad. “No sé nada sobre derecho penal, pero voy a aprender”, prometió.