Como si no alcanzara con el ochenta por ciento de desempleo, la inflación que se proyecta al 150.000 por ciento para este año y la completa bancarrota de todo, esta semana la represión en Zimbabwe llegó a un nuevo pico. El eterno presidente Robert Mugabe, que gobierna por la fuerza o el fraude desde 1980, expulsó a las ONG que alimentan a dos millones de sus ciudadanos, atacó físicamente a diplomáticos y mandó a arrestar dos veces a su rival en la segunda vuelta electoral. Tres militantes de oposición fueron quemados vivos, cientos fueron apaleados y los matones oficiales aterraron pueblos y aldeas por todo el país. El gobierno, con perfecta serenidad, dijo que Zimbabwe “es una democracia” y que las denuncias “son intentos neocoloniales de desestabilizarnos”.

El 27 de junio se hace la segunda vuelta de las presidenciales que Mugabe perdió en marzo, tan malamente que esta vez no se animó a mentir que había ganado. Luego de tomarse un asombroso mes para publicar resultados, el gobierno admitió que Morgan Tsvangirai le había ganado por cuatro puntos al Padre de la Patria pero no había logrado el 50 por ciento. Desde comienzos de abril, el país se fue hundiendo en una espiral de violencia creciente en el que patotas oficiales –los “veteranos de guerra”– atacaron los sectores percibidos como de oposición. Así, se cerraron todas las escuelas del país y se arrestó a cientos de maestros, y la policía entró en las iglesias católicas y anglicanas a golpear a los fieles, declarando que una misa es una reunión política ilegal.

Esta semana, la policía detuvo dos veces a Tsvangirai. El líder del opositor Movimiento de Cambio Democrático, MDC, viaja rodeado de celulares preprogramados para avisar al exterior de cualquier incidente porque la última vez que lo detuvieron lo torturaron y golpearon tanto que terminó en un hospital de Sudáfrica. Por las protestas internacionales, el gobierno lo liberó luego de algunas horas y sin apremios. Peor les fue a tres militantes de base en Masvingo, un pueblo del sur donde la represión fue especialmente dura. Kirisoni Mbano, Washington Nyangwa y Edson Goemire fueron quemados vivos. Sus muertes llevan el total a sesenta y cinco. Ayer por la tarde, fue arrestado el diputado Eric Matinenga, acusado de instigar a la violencia.

El jueves, el ministro de Bienestar Social, Nicholas Goche, ordenó que todas las ONG que operan en el país cesaran de inmediato sus actividades y las acusó de “hacer política y ayudar a la oposición” a distribuir comida. Las Naciones Unidas protestaron con fuerza, porque hasta sus propias agencias oficiales y otras privadas que operan bajo su protección fueron efectivamente clausuradas. La ONU negó que hiciera política y anunció que dos millones de personas, el veinte por ciento de la población que le queda al país –tres millones ya se exiliaron en Sudáfrica–, corren el riesgo de morir de hambre.

Como el gobierno de Zimbabwe tiene cada vez más el hábito de acusar a otros de hacer lo que ellos están haciendo, no extraña que Amnesty International declarara el viernes que Mugabe está usando “los alimentos como arma electoral”. Su partido, el ZANU-PF, tiene un estilo bonaerense de hacer política, repartiendo harina y granos de maíz, camisetas y hasta tractores en sus actos. En un país donde la minoría que todavía tiene trabajo gana el equivalente de dos flautitas por día, una bolsa de harina es un verdadero botín. El embajador de EE.UU. en Harare, James McGee, explicó que aquellos que no sean afiliados al partido oficial sólo recibirán alimentos si entregan sus documentos, que quedarán en manos de la policía hasta después de las elecciones. “Para no morir de hambre, hay que renunciar al derecho al voto”, denunció McGee.

Para cerrar la semana, Mugabe mandó a prohibir todos los actos de la oposición y prácticamente declaró ilegal que Tsvangirai se mostrara en público. El director general del MDC Lovemore Moyo explicó que “nos dijeron que nuestro candidato no puede ni entrar caminando a una aldea porque eso reuniría una muchedumbre”. La excusa oficial, entregada por escrito el viernes a la noche, fue que “nos negamos a asumir cualquier responsabilidad por el riesgo de que lo maten”. Ayer la Corte Suprema autorizó al MDC a realizar un acto.

Con las iglesias, las escuelas, los sindicatos, la universidad y los locales del MDC cerrados, Mugabe se decidió esta semana a atacar al último grupo que se empeña en documentar la represión, el cuerpo diplomático. El jueves fueron atacadas tres camionetas que transportaban diplomáticos norteamericanos y británicos de vuelta de Bindura a Harare, la capital. Ya habían seguido a los tres Toyota Land Cruiser los ochenta kilómetros de ida y cuando salieron del pueblo los frenaron en un improvisado retén de veteranos de guerra. Dos de las camionetas pegaron la vuelta y escaparon por caminos de tierra, pero la primera fue rodeada por hombres armados con pangas, machetes, que les gritaban que salieran. El diplomático de mayor rango, el agregado militar norteamericano Ryan McMullen, se negó y sus captores cortaron los neumáticos, rompieron un vidrio y sacaron al chofer, un empleado local. El chofer fue apaleado y tirado en una zanja. Entonces apareció un grupo de soldados que se limitó a apuntar a los diplomáticos y gritarles también. Así pasaron cinco tensas horas, hasta que llegó el gobernador local, gritó lo suyo y finalmente ordenó dejarlos pasar.

Los diarios sudafricanos agregaron un detalle peculiar a este panorama de violencia creciente. Personal policial, veteranos y militares están ocupando las escuelas cerradas en el campo y las están usando como cárceles clandestinas y centros de tortura. Mugabe está dispuesto a todo para seguir al frente de su arrasado país y, como explicó desafiante esta semana en la reunión de la FAO en Roma, no le importan sanciones ni repudios porque todo es “una conspiración de nuestros viejos amos coloniales contra la soberanía del pueblo”.

Zimba Makoni, el lacónico vocero del MDC, tiene otra explicación: “Todo esto es la neurosis de Mugabe”.