Desde París

Nicolas francés hizo oídos sordos a las abrumadoras protestas oficiales surgidas en América latina por la Directiva Retorno sobre el control de flujos migratorios adoptada por el Parlamento Europeo. El presidente francés intervino en la tevé un día antes de que Francia asuma la presidencia semestral de la Unión Europea. Muchos analistas llaman a la presidencia que se inicia hoy “el muro de Sarkozy”. El jefe del Estado ha hecho de la inmigración su principal argumento y, quien dice inmigración, evoca el cierre de las fronteras y una estrategia multidireccional para frenar la inmigración ilegal. Sobre la Directiva Retorno impugnada por toda la diplomacia latinoamericana y varios Parlamentos del continente, Sarkozy rindió ayer un homenaje al Parlamento Europeo que la votó. La Directiva Retorno es “un ejemplo de democracia”, dijo.

Ese texto establece normas comunes a los 27 países de la UE para la expulsión de extranjeros ilegales y, entre la controvertida batería de sanciones, permite que un ilegal permanezca detenido durante hasta 18 meses, incluso menores de edad. Sarkozy se preguntó “¿por qué?” y se respondió: “Porque los extranjeros son seres humanos y, cuando vienen, tienen derechos sociales. Si aceptamos a todo el mundo (...) hacemos explotar el modelo social francés y europeo”. Sin mencionar las críticas que dieron incluso lugar a una reunión de la OEA, el jefe del Estado señaló de dónde provenía la problemática de la inmigración: “450 millones de jóvenes africanos tienen menos de 17 años y Africa está a 13 kilómetros de Europa”. El mandatario dijo que era preciso que Europa trabajara unida “para una gran política del desarrollo”.

Sarkozy fijó cuatro prioridades: inmigración, energía-cambios climáticos, defensa y política agrícola común. La principal es la inmigración, un tema que da jugosas ganancias electorales en una sociedad que, como la francesa, tiene miedo hasta de su propia sombra y cuando Sarkozy atraviesa un bache de impopularidad. En esta corriente, Francia promueve un “pacto de inmigración”, cuyo eje es cerrar las puertas del Viejo Continente a los inmigrantes que no hacen falta y abrirlas a aquellos que el mercado de trabajo necesita. El pacto “Por la Inmigración y el Asilo” también introduce la identificación biométrica de los visados, vuelos colectivos para expulsar extranjeros sin papeles e impedir regularizaciones masivas sin acuerdo previo de los otros Estados de la UE. El pacto será presentado el 7 y 8 de julio en Cannes en una reunión de ministros del Interior. El texto contiene algunas modificaciones. España batalló para que no sea tan contundente y logró la semana pasada que la expresión “contrato de integración” no aparezca, aunque las ideas de ese contrato persisten. Así, París quería que los potenciales inmigrantes conocieran el idioma y “los valores” del país de destino. La versión actual invita a los países a impulsar “políticas ambiciosas para favorecer la integración armoniosa de inmigrantes”. Ahora se habla de “equilibrio” de derechos y deberes y, entre éstos, figura el “aprendizaje de la lengua y respeto de las leyes del país de recibimiento” al igual que “medidas específicas para el acceso al empleo, factor esencial de la integración”. París y Madrid siguen enfrentados sobre la prohibición de que uno de los 27 países de la UE proceda a regularizaciones masivas de los clandestinos que viven en su territorio. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, logró aplazar hasta 2012 la vigencia de los visados biométricos. Las organizaciones de derechos humanos son muy críticas con la política inmigratoria de Francia y la UE. Jean Pierre Dubois, presidente de la Liga de Derechos Humanos, argumenta que el principio de la “inmigración elegida”, es decir, sólo inmigrados calificados y necesarios, establece una desigualdad profunda: “Se trata a los inmigrantes como mercaderías y ello favorece a los países ricos a costa de los más pobres”.

Según Sarkozy, la falla está en que “se espera de Europa que proteja a los europeos de los peligros que trae la globalización”. El pacto de Inmigración y Asilo se integra en ese peligro: “Tenemos que ponernos de acuerdo en una política que nos proteja. Ese es el sentido del pacto europeo para la inmigración”, afirmó. Por un lado, países como Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña pugnan por políticas policiales que hacen de los inmigrados delincuentes en potencia. Por el otro, la Comisión Europea ha difundido estudios que ponen de relieve la necesidad que tiene Europa de extranjeros para compensar el envejecimiento de su población. El 17 de junio la Comisión aprobó un documento en contradicción con los discursos dominantes de Sarkozy o Silvio Berlusconi. Las proyecciones de la Comisión establecen que Europa precisa entre 50 y 110 millones de inmigrantes hasta el 2060. El documento precisa que la población en edad de trabajar “habrá descendido en 50 millones de personas” sin un aporte inmigratorio y “en 110 millones” si se cierran las puertas de la Unión.