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Cecilia Medina Quiroga es desde enero la primera mujer que preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo órgano jurídico regional, que el mes pasado condenó al Estado argentino por el caso del periodista Eduardo Kimel y lo intimó a modificar su legislación en materia de calumnias e injurias. Profesora de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Chile, donde se graduó, y doctorada en la Universidad de Utrecht, Holanda, país al que llegó exiliada por las dictaduras que azotaban el Cono Sur, la prestigiosa jurista chilena visitó Buenos Aires para participar del IV Congreso de Defensorías Públicas Oficiales del Mercosur.

“Argentina fue el primer país en el que viví después del golpe de Estado de Pinochet”, recuerda en un pasillo de la Facultad de Derecho de la UBA. “Cuando apareció la Triple A nos mudamos a Berlín Oriental y más tarde a Washington. Mi marido trabajó allí junto a Orlando Letelier (ex canciller de Salvador Allende), hasta que lo asesinaron” el 21 de septiembre de 1976. Así llegaron a Holanda, donde vivió el resto de sus 17 años de exilio.

En el diálogo con PáginaI12, la mujer que desde 2004 integra la Corte Interamericana que condenó a nuestro país en tres oportunidades elogia al Estado argentino por respetar los fallos, lamenta que la Justicia y el Congreso chilenos “no ven con buenos ojos el derecho internacional”, pese al esfuerzo de la presidenta Michelle Bachelet, y explica que los Estados siempre cumplen con las reparaciones simbólicas, pero rara vez con la obligación de investigar y punir sus crímenes.

–La Corte Interamericana ya falló en tres casos de la Argentina: Bulacio, Bueno Alves y Kimel. ¿Qué balance hace de las respuestas por parte del Estado?

–Muy positivo. Argentina tiene un rol de liderazgo en la región por su aceptación de los fallos, no sólo por parte del gobierno sino también de su Corte Suprema.

–El expediente del caso Kimel estuvo seis años en la Comisión antes de llegar a la Corte. ¿Evalúan modificar procedimientos para acelerar las respuestas?

–La Comisión y la Corte Interamericana son órganos independientes. La Comisión no está subordinada a la Corte. Sin perjuicio de ello, tenemos claro que el examen de las causas individuales debe ser tratado como una unidad y se están reformando los reglamentos internos para tratar de que esta unidad sea más eficiente. De todas formas, la Corte promedia unos 19 meses para resolver cada caso, que para una Corte no es mucho. Hace cinco o seis años el promedio era de 42 meses. La disciplina para trabajar que impuso durante sus cuatro años de presidencia el juez (Sergio) Ramírez me gustó mucho.

–¿Es posible lograr la satisfacción de las víctimas cuando el proceso dura tantos años?

–Está mal que demore tanto, pero tiene que ver con que la Corte y la Comisión trabajan con presupuestos misérrimos, por lo cual todos nos ganamos la vida en nuestros países. Los miembros de la Corte cobramos 150 dólares por día cuando estamos en San José, que equivalen a unos 7500 dólares por año. Recién ahora la OEA comenzó a pagarnos mil dólares por mes, y es difícil vivir con esa suma a esta edad y con estas obligaciones. En la Comisión pasa lo mismo: se reúnen apenas dos veces al año. Es increíble que puedan trabajar bien. Tanto la Corte como la Comisión hemos pedido a la OEA un aumento de presupuesto. El nuestro es de 1,6 millón por año, cuando necesitamos tres millones. El resto lo provee la cooperación internacional. Sería bueno, por ejemplo, poder extender la práctica de las visitas extraordinarias. La sesión en Honduras fue un éxito: fueron 1500 personas, pero la financiamos con plata de la cooperación internacional. Tenemos una jueza que sólo habla inglés y la intérprete cobra 500 dólares por día, más del triple que los propios jueces. Según un estudio de nuestra secretaría, somos la Corte con menos presupuesto de todos los tribunales internacionales, y la segunda con mayor cantidad de trabajo detrás de la Corte Europea. Por otro lado, al ser insuficiente el presupuesto regular que nos asigna la OEA, recibimos aportes de países como México, Brasil o Colombia. Eso desmejora la imagen de independencia e imparcialidad.

–En el caso Kimel, la Corte pidió que se adecuara la legislación interna sobre calumnias e injurias en “un plazo razonable”. ¿Razonable serían los mismos seis meses que para anular la condena? Aquí aún nadie acusó recibo.

–Depende. Lo razonable, si existe mucha demora, es que el Estado demuestre que el plazo utilizado era necesario para cumplir. La explicación sobre la demora debe ser razonable.

–En el caso de las cárceles de Mendoza, la Corte dictó medidas cautelares para que el Estado cumpliera con estándares mínimos. ¿Qué respuesta han tenido?

–Ha habido enormes progresos, se construyó una cárcel nueva, hay mucho trabajo. Hemos tenido reuniones de supervisión de las medidas cautelares y la Argentina mostró buena disposición para conversar con las víctimas. El problema es que ustedes son federales y cualquier solución debe concertarse entre el gobierno central y el Estado respectivo.

–Otro fallo que, si bien no se refiere al país, tiene enorme valor simbólico para Argentina es “Almonacid”, en el que se ordenó a Chile en 2006 anular la ley de amnistía que bloquea el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura. Como ciudadana chilena, ¿cómo vive el incumplimiento de ese fallo?

–En primer lugar debo aclarar que me inhibí de actuar en ese caso, porque sentí que no tenía la imparcialidad y objetividad necesarias, y no hay que poner a la Corte en esa situación. He visto los esfuerzos del gobierno para cumplir. Las dificultades están en el Congreso. Los fallos obligan al Estado, no al gobierno, pero el Congreso da la sensación de no haberse dado cuenta: no ha asimilado el derecho internacional. Sin embargo, ha habido fallos que no aplicaron la ley de amnistía, incluso en la Corte Suprema. Pero son casos aislados, no es una tendencia. El problema jurídico de la ley de amnistía es que, si se deroga, entonces era válida hasta entonces y pueden invocarla como regla más favorable para el reo. Otra posibilidad es declararla nula, lo cual no sería difícil porque la sancionaron apenas cuatro personas, pero en Chile nunca se ha visto una decisión legislativa que anule una ley. No existe esa cultura. La salida posible es que los jueces no la apliquen más. El problema es que los jueces no ven ni usan el derecho internacional. Hubo un solo fallo del Tribunal Constitucional que se refiere al derecho internacional y es poco auspicioso: consagra la constitucionalidad del Estatuto de Roma, pero le da una jerarquía que sugiere que no ven con buenos ojos al derecho internacional.

–La mayor parte de los fallos de la Corte refieren a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tipo de problemática es hoy prioritaria para la Corte?

–La libertad de expresión. No es que sea prioritaria, son los casos que llegan, los que nos piden. También casos de indígenas y, siempre, problemas de debido proceso, que ratifican la necesidad de que los tribunales nacionales se pongan al día con el derecho internacional.

–¿Cómo es actualmente el nivel de cumplimiento de las decisiones de la Corte?

–La secretaría de la Corte está haciendo un estudio sobre el nivel de cumplimiento de las reparaciones. Todavía no se terminó, pero es claro que se cumple mejor el pago de indemnizaciones o las reparaciones simbólicas, como un acto público o el reconocimiento de la responsabilidad. Lo que nunca se logra es que cumplan con la obligación de investigar y punir, porque no es tan fácil. El gobierno paga, se excusa. En cambio, el debido proceso depende de los tribunales y es difícil conseguir pruebas de delitos después de treinta años de impunidad. Por eso hay casos viejísimos que no se cierran. Sólo el 10 por ciento de los casos que llegaron a la Corte se cerraron. Afortunadamente las audiencias de supervisión están empezando a dar resultados, se están acordando modos de cumplimiento y tenemos la esperanza de empezar a poder cerrar algunos casos.

Colaboración: Mónica Zwaig.