Las hijas del ex jefe del ejército asesinado general Carlos Prats reconocieron al Estado argentino por la voluntad de esclarecer el crimen y facilitar a la Justicia trasandina encontrar a los culpables. Las declaraciones de las hijas del militar asesinado en Buenos Aires, donde había recibido refugio político tras el golpe en Chile, se conoció a través de la abogada de la familia Prats, Pamela Pereira, luego de que la Justicia chilena condenó a cadena perpetua por secuestro y homicidio en contra del otrora jefe de la DINA, la temida policía secreta de la dictadura, el general Manuel Contreras.

“Si el Estado argentino no hubiera tenido la voluntad decidida de esclarecer este crimen y encontrar a los culpables, probablemente no tendríamos esta sentencia y en Chile no tendríamos hoy día la satisfacción de que es posible un acto de justicia frente a este crimen tan horroroso”, declaró Pereira.

La jueza federal porteña María Servini de Cubría pidió la extradición de la cúpula de la DINA –ocho militares y civiles que ayer recibieron sentencia– además de la del ex dictador Augusto Pinochet. La Corte Suprema rechazó el pedido, pero en un dictamen inédito ordenó abrir una investigación en Chile.

Por el caso Prats, además, en 2000 fue condenado a reclusión perpetua en Buenos Aires otro ex agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, quien también recibió otra pena de 12 años por los secuestros de dos conciudadanas. Arancibia Clavel era un agente chileno que trabajaba en Argentina en contacto con grupos paramilitares argentinos relacionados con el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega, quien había organizado la agrupación terrorista Triple A.

La condena a perpetua de Arancibia Clavel fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, que consideró a los homicidios de Prats y su mujer como un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Pinochet también fue acusado por estos asesinatos, y cada vez que declaró ante la Justicia negó todas las acusaciones aunque era evidente, por la estructura de poder durante su dictadura, que ni siquiera Contreras podía actuar sin su consentimiento. Las dilaciones y artimañas de Pinochet frente a las acusaciones permitieron que muriera sin recibir condena. Incluso la jueza federal argentina María Servini de Cubría había pedido la indagatoria del dictador y su extradición.