Unos 819 paramilitares colombianos que se desmovilizaron en un proceso de paz con el gobierno del presidente Alvaro Uribe han sido asesinados, la mayoría por disputas por control de zonas y por no querer reincorporarse a nuevas bandas, según un informe de la OEA revelado ayer por la prensa local. El reporte de la Organización de Estados Americanos (OEA), que cumplió las funciones de veedora del proceso de desmovilización de los escuadrones paramilitares en los últimos cinco años, señaló que la policía de Colombia ha registrado el asesinato de 819 desmovilizados, según el diario El Tiempo de Bogotá.

“En la mayoría de casos no hay investigaciones concretas”, dijo el informe de la OEA, que a su vez confirmó que los departamentos más críticos son Antioquia, César, Córdoba y Magdalena. Las muertes, señala el trabajo, podrían estar relacionadas con disputas por control de zonas, pugnas entre combatientes y por no reincorporarse a nuevas bandas.

“La misión (de la OEA) no puede dejar de anotar que es de su mayor preocupación que aún no se haya definido la situación jurídica (de los reinsertados). Al no ver esclarecida su situación, pueden volver a las armas”, advirtió el organismo internacional.

Otro de los temas que ha sido criticado en el proceso de paz con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es que hubo muchos menores de edad que fueron enviados directamente a sus casas sin ser atendidos psicológicamente por expertos.

También se criticó la existencia de varios “colados” que no pertenecían a esos escuadrones y sin embargo se acogieron a los beneficios de la desmovilización.

Además, El Tiempo destacó que existen propiedades de los ex jefes paramilitares que figuran a nombre de otras personas y no han sido entregados para reparar a las víctimas.

Las AUC y el gobierno realizaron un proceso de paz entre 2003 y 2006, en el marco del cual se desmovilizaron unos 31.000 combatientes. Algunos de los máximos jefes de esos grupos se entregaron en cumplimiento de un acuerdo muy criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a que estipula penas no mayores a ocho años de prisión. Catorce de los principales jefes de las AUC fueron extraditados en mayo pasado a los Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico, luego que el gobierno colombiano concluyera que seguían cometiendo delitos desde la cárcel.

Por su parte Frank Pearl, director del programa de reintegración a la sociedad de los ex miembros de grupos armados ilegales, dijo ayer que 10.000 miembros de la guerrilla de las FARC han desertado desde 2002.

“Esto demuestra que los rebeldes están muy frustrados y aburridos con la vida que llevan”, dijo el funcionario. En los últimos doce meses se han desmovilizado 1600 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y en los últimos días se llegó a la cifra de 10.000 desde agosto de 2002, cuando Uribe comenzó su gobierno, dijo Pearl. La cifra de desmovilizados desde entonces asciende a 48.000, sumados guerrilleros y paramilitares, agregó.