El Senado italiano aprobó ayer la ley que otorga inmunidad legal a los políticos que ocupen los cuatro cargos de mayor rango a nivel estatal y que incluye al primer ministro, Silvio Berlusconi, y al presidente de la república y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. En los casos del jefe del Estado y del presidente del gobierno quedan excluidos de esta inmunidad los posibles delitos cometidos durante el ejercicio de su función.

Doce días después de que la Cámara de Diputados diera el sí al proyecto de ley, conocido como “Lodo Alfano”, en referencia a que su autor es el ministro de Justicia, Angelino Alfano, ayer el Senado, con 171 votos a favor, 128 en contra y seis abstenciones lo convirtió en ley. Esta es una de las leyes aprobadas con más rapidez por el Parlamento italiano, ya que sólo pasaron 25 días desde que el pasado 27 de junio el Consejo de Ministros aprobara el decreto ley, en medio de las críticas de la oposición. La oposición presentó una enmienda, que fue aceptada, que establece que no se aplique la suspensión de los juicios en el caso de sucesivas investiduras del gobierno.

Los legisladores de la oposición de centroizquierda que votaron contra la ley sostienen que la única función de la medida es resolver las dificultades que Berlusconi tiene con la Justicia. La ley, que también garantiza la inmunidad para el jefe de Estado, el presidente de la Cámara baja y el presidente del Senado, puede forzar la suspensión de dos juicios por corrupción contra Berlusconi, el millonario magnate de los medios devenido en político. “Sólo se trata de una reforma”, dijo Alfano, miembro del partido de Berlusconi, durante el debate previo a la votación del Senado. Pero Anna Finocchiaro, senadora por el Partido Democrático, de centroizquierda, dijo que Berlusconi con esta medida demuestra que “no tiene límites” en el ejercicio del poder.

Berlusconi, quien en abril ganó las elecciones con comodidad, marcó su regreso al poder con una serie de propuestas en las que replantea el sistema legal italiano. Hay un amplio acuerdo a lo largo del espectro político que el Poder Judicial de Italia, que en muchas oportunidades resulta lento e ineficiente, necesita ser reformado.

Pero Berlusconi y sus aliados también insisten en que se debe frenar a un grupo de magistrados y fiscales con tendencias políticas de izquierda antes de que realicen alguna “vendetta” en su contra. Berlusconi acusó a esos magistrados de usar las cortes para forzarlo a interrumpir su mandato en los tres períodos anteriores en que fue primer ministro, empezando por su primera victoria electoral en 1994.

El primer ministro tiene que afrontar la acusación presentada por un tribunal de Milán, de haber sobornado al abogado británico David Mills para que mintiera bajo juramento. Se esperaba un veredicto para antes de fin de año. Berlusconi y Mills rechazan haber procedido de manera incorrecta. En otro caso, el primer ministro fue acusado de realizar un fraude impositivo cuando adquirió derechos de películas para su empresa televisiva, Mediaset.

Tras aprobarla ayer el Senado, Antonio Di Pietro, líder del partido Italia de los Valores, anunció que, a partir de enero, comenzará a recoger firmas para convocar un referéndum para que sea derogada. Di Pietro afirmó que en un país civilizado, “los ciudadanos tienen derecho a saber si el presidente del gobierno es o no un delincuente, ya que saberlo después de que haya acabado su mandato no sirve para nada”.