Desde México DF

La derecha en México fue contenida gracias a la ratificación de constitucionalidad de las reformas que despenalizaron el aborto en la Ciudad de México hace 16 meses. Pese a las presiones de la Iglesia Católica, de organizaciones antiabortistas de ultraderecha que se lanzaron a la calle, del Partido Acción Nacional (en el poder) y del propio gobierno federal, el fallo de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre la puerta para que el resto de los congresos estatales legislen en materia de salud pública y, consecuentemente, sobre el aborto.

En el fondo, la controversia constitucional presentada en mayo del año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República (dependiente directa del presidente Felipe Calderón), un mes después de aprobadas las reformas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pretendían frenar la posibilidad de que estados gobernados por la izquierda y varios por el PRI se sumen a una ola de reformas proaborto. Paradójicamente, el ultraconservador estado de Yucatán, en el sureste del país, que ya fue gobernado por el derechista PAN, era el único que hasta el año pasado contemplaba el aborto legal por razones económicas como método de control natal.

Luego de cuatro días de discusiones en el pleno de la Corte –y de tres meses de audiencias públicas en las que se escucharon 40 posturas a favor del aborto y otras 40 en contra–, el fallo sorprendió incluso a quienes apoyaron en todo momento el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pues la Suprema Corte se ha distinguido por sus posturas conservadoras a lo largo de los últimos años. Había un temor fundado.

Pero la mayoría abrumadora (ocho ministros a tres) en contra del proyecto de sentencia de 610 páginas que declaraba inconstitucional la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación del producto y pretendía enviar a la cárcel hasta por seis meses a las mujeres que abortaran voluntariamente sienta jurisprudencia: el derecho de la mujer a decidir sobre el mejor momento para ejercer su capacidad reproductiva prevalece sobre la del producto, antes de que éste sea biológicamente viable y se convierta en sujeto de derecho. Las mujeres que así lo decidan podrán seguir acudiendo a las instituciones de salud del Distrito Federal a abortar en las primeras doce semanas de embarazo sin la amenaza de ir a prisión.

Además, ratifica la obligación del gobierno capitalino de garantizar la interrupción legal y gratuita del embarazo, en condiciones médicas y sanitarias adecuadas. En los últimos 16 meses, alrededor de 12 mil mujeres se han beneficiado en los hospitales públicos, incluyendo centenares de menores de edad.

La Iglesia Católica lanzó una velada amenaza: “La Iglesia que fue convocada por Jesucristo para defender la vida y ser esperanza de vida, aun en las condiciones más adversas, tiene ante sí una nueva oportunidad de responder con acciones concretas frente a la cultura de la muerte que se ha impuesto en nuestra ciudad”, advirtió la Arquidiócesis de México, aunque no especificó qué hará.

Minutos después de que los once ministros emitieran su intención de voto y de que el presidente de la SCJN reconociera la validez de la ley impugnada, el cardenal Norberto Rivera instruyó para que las campanas de catedral sonaran durante media hora, en señal de “duelo”, y lo mismo ocurrió en miles de iglesias en todo el país.

Así, mientras grupos conservadores condenaban el fallo, muchos más celebraban la reivindicación de los derechos de la mujer. “La ley civil debe ser compatible con el Estado social. Al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más alto tribunal del país, en una república representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa de un Estado laico, no tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos”, dijo la ministra Olga Sánchez Cordero al razonar su voto.