De manera contundente, la Suprema Corte de Justicia de México resolvió que la despenalización del aborto es constitucional. Luego de un año y cuatro meses de intensa deliberación y con audiencias públicas sobre el tema, la reforma de plazos que legisló la Asamblea de Representantes del Distrito Federal seguirá vigente. Esta resolución representa un parteaguas, no sólo para la Ciudad de México, sino para todo el país, pues el concreto derecho a decidir de las mujeres fue priorizado sobre un abstracto derecho a la vida.

En abril del 2007, los cinco partidos que forman la Coalición de Izquierdas (PRD, PT, Convergencia, PRI y Alternativa) junto con el Panal aprobaron con 46 votos la reforma al Código Penal que introduce el sistema de plazos, mientras que el PAN y el Verde Ecologista (el único partido verde en el mundo con posturas conservadoras) se opusieron con 19 votos. Al no contar con el 30 por ciento de diputados necesarios para una acción de anticonstitucionalidad, el partido gobernante (PAN) presionó a la Procuraduría General de la República para que presentara el recurso de anticonstitucionalidad, a lo que se sumó, sorpresivamente y sin consultar a su consejo, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras se resolvía la acción de anticonstitucionalidad, más de 12 mil mujeres abortaron legalmente, recibiendo una atención excepcionalmente cuidadosa y más de 2500 desistieron de la interrupción luego de haber recibido la consultoría. Y el dato más estremecedor es que al año de vigencia de la reforma se ha dado una disminución en la cifra de criaturas recién nacidas abandonadas en la calle. Por donde se la considere, la despenalización, producto de la lucha feminista desde hace más de 36 años, ha sido absolutamente positiva.

Como es de imaginar, el proceso ha estado acompañado de expresiones a favor y en contra. Mientras la jerarquía de la Iglesia Católica profería amenazas de excomunión y salía a la calle con estandartes que representaban a la Virgen de Guadalupe cargando unos fetos y exclamando: ¡Ya me mataron a un hijo! ¿Me van a matar más?, en una de las audiencias públicas un sacerdote dominico hablaba a favor de la despenalización. Mientras los abogados católicos amenazaban con la debacle moral, Jesús Zamora Pierce, ex presidente de la Academia Mexicana de Derecho Penal, argumentaba públicamente por qué el aborto no puede ser considerado delito. Mientras las fuerzas conservadoras salían en peregrinaciones, los intelectuales y los científicos del país manifestaban su apoyo a la despenalización con inserciones pagadas en la prensa. Mientras las mujeres conservadoras rezaban en las iglesias, las feministas marchaban acompañadas de sindicalistas, estudiantes y ciudadanía amplia y sencilla, cantando “Quiten sus rosarios de mis ovarios”.

Si bien hay que felicitar a los ministros y ministras que abordaron la cuestión del estatuto jurídico del aborto con republicanismo laico y desde criterios modernos, hay que lamentar el intervencionismo de la Iglesia Católica, que se aferra a la cantilena de “defensa de la vida” para atacar y amenazar a quienes no comparten sus creencias. Richard Hare señaló que el fanatismo es “la actitud de quien persigue la afirmación de los propios principios morales, dejando que éstos prevalezcan sobre los intereses reales de las personas de carne y hueso, al mismo tiempo que permanece indiferente frente a los enormes daños que su actuación ocasiona a millones de seres humanos”. Esta definición se ajusta al Vaticano y sus seguidores, que insisten en afirmar sus principios morales por encima de la salud y la vida de millones de mujeres.

La Suprema Corte de Justicia se aferró a una perspectiva jurídica, sin despeñarse en el precipicio moralista. Esta reforma pone a México a la vanguardia del tratamiento penal en relación con el aborto en América latina, con argumentos sobre la justicia social y la democracia que calan hondo en el imaginario colectivo y con una experiencia de organización ciudadana que puede ser llevada a otras latitudes. Por último vale la pena recordar que este tipo de dilemas deben de ser dejados a la autodeterminación de la persona que está llamada a resolverlos.

* Antropóloga, feminista mexicana, directora de la revista Debate feminista.