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A través de una solicitada difundida recientemente, el Ministerio de Educación de la ciudad afirma que los días de clase perdidos por protestas como las que están protagonizando alumnos secundarios de una docena de establecimientos en reclamo por el recorte de las becas estudiantiles “perjudican a la gran mayoría de los alumnos, complican la organización de las familias e impiden la tarea de educar de maestros y profesores”.

Al respecto, no podemos menos que compartir la preocupación del ministro por las clases no dictadas, pero al mismo tiempo preguntarnos si sólo se interrumpe la rutina escolar cuando los estudiantes ocupan un edificio.

Conocido es que también se pierden días y horas de clase por problemas de infraestructura, por demoras en la cobertura de cargos u horas docentes, entre otros inconvenientes no atribuibles a los adolescentes.

En tal sentido, parece oportuno reflexionar acerca del origen del conflicto, que es la significativa reducción del número de beneficiarios del programa de becas estudiantiles implementado desde el año 2001 en la ciudad de Buenos Aires como forma de asistencia estatal para la retención de la matrícula y la reinserción escolar de los/as alumnos/as secundarios que puedan ver afectada su continuidad educativa por situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Recorte que, vale la pena recordar, se dispone en el contexto de la extensión de la obligatoriedad escolar hasta la finalización del secundario, vigente a partir de la Ley de Educación Nacional y la Ley 898 de la ciudad.

Si bien cabe reconocer que los montos de las becas se incrementaron actualmente con relación con años anteriores en un 30 por ciento promedio, no es menos cierto que ello se hizo a expensas de rechazar las solicitudes presentadas por unos 30.000 alumnos/as, la mitad de los/as peticionantes de este año.

El Gobierno de la Ciudad afirma con razón que el 80 por ciento de las becas se asignaron a alumnos/as que pertenecen a sectores de alta vulnerabilidad social. Sin embargo, omite mencionar que dejó fuera del beneficio a 1100 estudiantes que declararon ingresos mensuales en sus hogares por debajo de la línea de indigencia (menos de 500 pesos) y a otros 12.000 que informaron habitar en hogares con ingresos menores a 1050 pesos por mes.

¿Fundamentación de los rechazos? ¿Visitas socioambientales? ¿Habrá reconsideraciones? Muchos interrogantes y pocas certezas. Según se informó a los medios de comunicación, estarían actualmente (recordemos, fines de agosto) en proceso de reevaluación un número indeterminado de solicitudes inicialmente denegadas.

Si la “toma” de escuelas sin transitar previamente las vías institucionales de petición ante las autoridades resulta cuestionable, la “judicialización” de las protestas sin agotar las instancias de diálogo, mediación y resolución pacífica de los conflictos previstas en la normativa vigente e implementadas en los establecimientos por directivos, docentes y equipos de orientación se aprecia, además, como desproporcionada y poco pedagógica.

“La escuela exige rigor, seriedad y diálogo”, rezan las solicitadas y comunicaciones ministeriales. En lo que al conflicto por las becas estudiantiles refiere, hasta el momento pareciera ser que se prioriza el rigor, entendido como pretendida demostración de autoridad.

Esperamos que llegue por fin la hora de la seriedad y el diálogo para que pueda encauzarse a través de las vías institucionales el reclamo estudiantil.

* Defensor adjunto del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.