El gobierno brasileño acompaña muy de cerca lo que pasa en el Paraguay, que intenta renacer con la llegada de Fernando Lugo a la presidencia. La determinación del presidente Lula da Silva es prestar total apoyo al nuevo gobierno paraguayo. En temas como el del precio de la energía eléctrica sobrante de Itaipú que Paraguay vende a Brasil, hay cierta resistencia dentro del mismo gobierno, principalmente en los “sectores técnicos”. Pero con esa burocracia estable acostumbrada a ver nada más que números, Lula fue claro: que se las arreglen para encontrar medios de contribuir para que Paraguay logre salir de la sombra de más de seis décadas del Partido Colorado y de la espantosa herencia de Alfredo Stroessner.

Los asesores directos de Lula y la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores comparten su punto de vista: más por razones humanitarias que por cuestiones de justicia frente a las responsabilidades brasileñas que se remontan a la funesta guerra de la Triple Alianza, la victoria de Lugo abre nuevas ventadas para los aires que configuran el nuevo mapa político sudamericano. A Brasil le conviene que el gobierno de Paraguay resulte y que logre implantar cambios urgentes y profundos. El tema es prioritario en la agenda geopolítica de Lula para la región.

Tan pronto quedó claro que el ex obispo crecía en la campaña electoral que culminó con su victoria en abril, los estrategas del gobierno de Lula establecieron los primeros puentes. Varias de las organizaciones sociales que prestan apoyo al nuevo presidente paraguayo mantienen relaciones con sus congéneres brasileñas, casi todas cercanas al Partido de los Trabajadores. El mismo Lugo tiene vínculos fuertes y antiguos con exponentes de la iglesia progresista brasileña, en especial con el teólogo Leonardo Boff, y también con las comunidades eclesiales de base.

Las determinaciones que Lula pasó a sus ministros son firmes y claras, pero también cautelosas. Una cosa es ayudar al nuevo gobierno, otra es inmiscuirse en el escenario político interno del Paraguay. El apoyo vendrá a través de financiación y cooperación en proyectos viables que impulsen el crecimiento económico, y también en la elaboración e implantación de programas sociales. Las relaciones entre los dos países fueron, hasta no hace tanto, conflictivas. Paraguay quizá sea el país sudamericano con peor imagen ante la opinión pública brasileña. Es considerado una especie de territorio de corrupción y contrabando, por no mencionar la piratería que produce caudalosos ríos de productos falsificados que inundan las aceras de las principales ciudades brasileñas.

En Paraguay, la imagen de Brasil es la de un país imperialista. Los mismos políticos paraguayos reforzaban esa imagen de sumisión: el 7 de septiembre, fecha de la independencia brasileña, había sesión de honor en el Congreso, con la presencia del presidente. El presidente era también presencia obligatoria en la recepción ofrecida por el embajador brasileño, prestando honores al Imperio. Deshacer esa doble visión requiere grandes esfuerzos tanto de un gobierno como de otro. Todas esas buenas intenciones, sin embargo, rozan en un punto especialmente delicado: la anunciada reforma agraria, otra de las promesas centrales de la campaña electoral de Fernando Lugo.

Los brasileños propietarios de tierras en Paraguay –los brasiguayos– responden por casi 85 por ciento de la producción de granos en aquel país. En algunas áreas, como el departamento de Alto Paraná, todas las tierras productivas pertenecen a brasileños. Ocurre que no todos los títulos de propiedad son regulares y muchas haciendas de brasiguayos están dentro de la llamada “zona de frontera interna” decretada por el ex presidente Nicanor Duarte. Esa ley, que no fue puesta en práctica, impide que extranjeros sean propietarios de tierras dentro de una franja de 50 kilómetros de las fronteras paraguayas. Su ejecución por el gobierno de Lugo podrá afectar a buena parte de los casi 500 mil brasileños que viven en Paraguay. El nuevo presidente asegura que su intención primordial es regularizar la situación de la tierra. En tiempos de Stroessner, muchos de sus seguidores fueron beneficiados con títulos de propiedad altamente dudosos, y algunas de esas tierras fueron después vendidas a brasileños que se instalaron de manera irregular en el país.

Muchos brasiguayos, temerosos de la reforma agraria, contrataron milicias armadas apenas se supo que ganaba Lugo para proteger sus propiedades. “La inversión no es baja, pero vale la pena”, aseguró a la prensa de Brasil Aparecido Donizeti da Silva, uno de los brasiguayos que paga lo correspondiente a 70 pesos por hombre armado en turnos de doce horas. Con seis mil hectáreas a 55 kilómetros de la frontera con Brasil, Silva no revela cuántos hombres ha contratado. Sabe que es blanco de campesinos que –paradojas del destino– son asesorados por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra brasileño y están listos para promover invasiones de tierras con titulación de origen dudosa. Siempre de manera cautelosa e informal, el gobierno de Lula pidió a Lugo que se respeten los derechos de brasileños instalados en situación regular. Asesores del nuevo presidente paraguayo aseguran que la ley no será retroactiva, es decir, los que tienen títulos “limpios”, aunque estén en la zona de frontera interna, no serán desalojados. Habrá que ver qué opinan los campesinos paraguayos y qué pasará si alguno de los “milicianos” contratados por brasiguayos pertenece a los adeptos de la teoría del gatillo fácil.