La Asamblea Campesina del Norte argentino reúne a productores de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe.
Imagen: Sandra Cartasso

Teodoro Fernández es de Pirané, un pueblo de unos 40 mil habitantes, 100 kilómetros al oeste de la capital de Formosa. En 2003, el pueblo empezó a notar que algo sucedía con los cultivos de soja que se expandían alrededor. Entonces, contactaron a un equipo de técnicos para seguir los efectos. Observaron problemas en la salud de los animales, irritaciones en la piel de los hombres, granos, infecciones y diarreas. La preocupación todavía no pasó. Teodoro Fernández cree que la soja ahora es responsable de los casos de cáncer que empiezan a aparecer en el pueblo y de los nacimientos de niños con problemas.

“Hace tres meses –dice–, un bebé nació con un solo pulmoncito; yo mismo tuve una infección que no era una infección natural, que a uno se le pasa con un medicamento, y ahora hay 23 familias que denuncian la contaminación, porque los primeros tiempos eran los animales los que tenían los problemas, pero ahora son las personas mismas.”

En los últimos días, Fernández pasó por Buenos Aires. Con él llegaron otros nueve integrantes de la Asamblea Campesina del Norte argentino, una organización que nació en 2006, al calor de los desalojos de las tierras de trabajadores rurales e indígenas de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe, en un espacio apoyado por el Instituto de Cultura Popular (Incupo). Políticamente, se mantuvieron por fuera del conflicto rural de los últimos meses. No están representados por “el campo”, dicen, porque el problema de ellos no es la exportación sino la producción para la supervivencia. Al Gobierno le exigen políticas de Estado para defender cinco temas esenciales: tierra, contaminación, agua, producción y comercialización, que es que lo que están perdiendo. En el paso raudo por Buenos Aires, tuvieron una audiencia con el flamante titular de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Guillermo Daniel Martini, a quien le presentaron sus demandas. En diálogo con Páginai12, contaron parte de esos reclamos. Entre ellos hay argumentos para las más terribles crónicas de un desastre anunciado. Hay ríos de aguas estancadas repletos de pirañas que se comen las ubres de las vacas; terneros desesperados que salen a buscar leche en las tetas de las madres muertas; pueblos que cierran las puertas abandonados por la gente o colonias de nativos que, del día a la noche, aparecen cercadas por nuevos propietarios.

“Somos organizaciones que llevamos años luchando y elaborando propuestas para defender los derechos de las familias campesinas y aborígenes a poder seguir viviendo con dignidad en y del campo”, explicó la Asamblea en la introducción del documento que entregaron al Gobierno. En un solo párrafo explican cuáles son los puntos de contacto entre los problemas de cada una de las provincias, y esos puntos de contacto tienen que ver con el imperio de la soja o, mejor, la expansión en los últimos diez años de la agroindustria en lugares donde antes había personas.

“Entre 1998 y 2002 –explican– desaparecieron 160.000 explotaciones agropecuarias, en su mayoría menores de 200 hectáreas, es decir, de pequeños productores.” En esa línea, 82 por ciento de esos productores ocupan sólo 13 por ciento de la tierra. El monocultivo de exportación desplazó a la lechería, maíz, trigo, lenteja, montes frutales, mandioca, batata, papas y se pierden las semillas criollas. Eso generó las primeras migraciones y desplazamientos de los pueblos campesinos y originarios: en los últimos 10 años, 120 parajes de la región –según sus datos– no crecieron y 40 por ciento del total de los pueblos con 300 mil habitantes está a punto de desaparecer.

Silvia Herrera es trabajadora social y directora del Instituto de Cultura Popular (Incupo), en cuyos orígenes se encuentran las organizaciones de base cristianas, y ahora es una de las columnas de la Asamblea. “En la región hay cinco ejes de problemas: la tierra, el agua, la contaminación y la producción y comercialización de las cosas”. Pero el tema de la tierra es el más importante.

El primer caso es el de aquellos que viven en sus tierras desde siempre, pero que ahora se encuentran con gente de afuera que llega con un título de propiedad. Ahí comienzan los desalojos. Eso es muy común en este momento en Santiago del Estero y Formosa porque las tierras fueron vendidas en bloque a una forestal y los poseedores de esos títulos nunca los usaron hasta el boom de la soja. Un segundo caso son las familias en tierras fiscales con adjudicaciones sin terminar. Hay situaciones así en Chaco, con tierras que a su vez fueron mal adjudicadas a empresas y sobre las que ahora existen presiones para que se vuelvan a entregar a las familias campesinas indígenas. Por último, dice Herrera, están los sin tierra, una situación muy común en Santa Fe y en Corrientes en las zonas de estancias, donde los campesinos quedaron en banquinas o en lotecitos de una o dos hectáreas.

En ese mapa general, en cada provincia se han generado problemas específicos. Formosa tiene uno de los casos más paradigmáticos, conocido como el Bañado de la Estrella. Hasta hace un tiempo, era uno de los lugares turísticos más importantes, pero ahora es una especie de trampa. El gobierno provincial construyó allí una obra de infraestructura vial que dividió el bañado en dos partes. Al comienzo, las comunidades campesinas de la zona creían que el terraplén iba a servir para estimular el turismo, pero provocó efectos como el loteo de las tierras y el cambio inesperado en la dinámica del agua. Entonces, dice Herrera, “zonas que antes no se inundaban, ahora sí, y zonas que antes no, ahora están secas”. Como las condiciones ambientales cambiaron, se empezaron a reproducir, además, animales que no son de ahí. Un ejemplo son las pirañas. Como el agua del bañado no corre, las pirañas quedan allí y se reproducen atacando a las vacas que bajan a bañarse. Según los lugareños, eso causó la pérdida de 40 mil cabezas de ganado porque las vacas perdieron sus ubres mordidas por las pirañas y la carne perdió su valor.

Teodoro Suárez era la primera vez que viajaba a Buenos Aires. Vive en el paraje 29 de la cuña boscosa del norte de Santa Fe, donde los poblados más chicos, dice, se están quedando sin gente. En su campo tiene ganado mayor y menor como vacas, chivas, ovejas y chanchos, pero no tiene agricultura porque es una zona seca para hacerlo.

“Nosotros nos vamos quedando sin los campos –dice– y sin la familia, porque los hijos se nos van. No queremos ser asistidos por planes sociales porque nosotros producimos, pero los pueblitos más chicos están desapareciendo, y eso nos duele porque no hay una política de trabajo, una política de desarrollo para el pequeño productor. ¿Por qué a mí me está faltando el agua y al otro que es un gran empresario le está sobrando el agua? ¿Cuántas máquinas para riego tienen y a nosotros nos están llevando el agua con los bidoncitos así? Se nos están muriendo los animales, no tenemos qué darles de comer, los campos que antes usábamos, que eran campos que no se conocían y que eran campos del Estado, ahora aparecen con dueño.”

En 2006 cinco organizaciones de la zona empezaron a juntarse a partir de los reclamos por los desalojos de las tierras, los mismos que dieron vida a muchos de los movimientos de campesinos e indígenas del país. La Asamblea nació con cuatro o cinco miembros, y ahora cuenta con unas cincuenta organizaciones distribuidas en las provincias de la región. Tienen una política menos combativa los movimientos nucleados en torno al Mocase vía campesina de Santiago. Y en ese sentido parece jugar un rol importante el Incupo. Muchos de los dirigentes que llegaron a Buenos Aires vienen de decenas de años de lucha, aunque se hayan reorganizado recién ahora. Conocieron las Ligas Agrarias o los movimientos de campesinos que nacieron para defender la tierra en todos estos años.

Eduardo Ibañes es, por ejemplo, de un pueblo santiagueño del departamento de Alberdi. Para llegar a su casa debe andar 150 kilómetros adentro de un camino de arenales. Para vivir cría chanchos, ovejas, chivos, vacas y hace algo de agricultura de subsistencia, o bueno, hacía, porque desde hace cuatro años la sequía se lo impide. El eje del problema en su provincia siempre fueron los desalojos. La semana pasada, a una familia le quemaron el cerco y mil postes y muchas veces él es el que sale.

Alfredo Riera, en cambio, vive en el corazón del Chaco salteño; su tierra quedó atrapada como un lunar de monte en un mar donde sólo avanza la soja. Riera tiene juicios por usurpación en su contra porque varias veces quisieron desalojarlo. Es ganadero y ahora está al frente de los reclamos para evitar los desmontes.

Oscar Gamarra es chaqueño, pertenece al grupo de familias que ocupó y recuperó unas 750 ha del ingenio de Las Palmas. Se dedica a la cría de vacas, aunque ahora está iniciándose con las chivas. Es miembro de la Unión de Pequeños Productores chaqueños, una de las muchas organizaciones que hay en una de las provincias con más tradición de defensa de la tierra.

Carlos Curima es tabacalero de Corrientes. “En mi provincia pasa lo mismo, no tanto con los desmontes pero sí con la desregularización y la venta de las tierras”, dice. “Es la más grave que hay, el plato favorito: en este momento hay un reservorio de agua dulce como los esteros del Iberá a donde tiene intereses gente extranjera. Hay gente que compra grandes extensiones y eso genera además otro problema que es que muchas pequeños productores quedaron dentro, con sus pequeñas porciones de tierra. Ahora están adentro cercados, por el campo de esa gente extranjera, y les hacen la vida imposible para que se vayan.”

Ante el gobierno nacional, la asamblea reclamó espacios para poder sentarse a discutir las políticas de desarrollo de los pequeños productores. Pero ése no fue el único encuentro. El año pasado una comisión similar viajó a Buenos Aires para reunirse con legisladores, con los que diseñaron una mesa de trabajo; el conflicto rural detuvo ese proyecto, pero ahora la agenda de urgencias declaradas intenta hacerla avanzar.