Desde Medellín

Choque de trenes. Así le llaman en Colombia al enfrentamiento entre los poderes públicos. El Ejecutivo y el Judicial, por cuenta de los paramilitares, se pusieron al rojo en estos días. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) acusó al presidente Uribe de fraguar un complot en su contra y amenazó con denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI) por obstrucción a la justicia. Pero el enfrentamiento tiene antecedentes más hondos, todos relacionados con los “paras”. El primero fue cuando la CSJ dijo que debería juzgárselos por concierto para delinquir, en vez de sedición, como Uribe propuso. Y el segundo, cuando el mandatario agitó el país con una carta, que luego resultó ser falsa, de un “para” que le confesaba a Uribe un ofrecimiento de la Corte para ensuciarlo ante la justicia.

El máximo tribunal de la justicia internacional llegó esta semana al país para ver con sus propios ojos cómo es eso de que los jefes paramilitares son extraditados a Estados Unidos y con ellos se van las verdades sobre los crímenes de la extrema derecha y sus vínculos con el gobierno y las fuerzas militares. También la visita tenía como propósito observar otra de las más sonadas denuncias. Que la investigación por parapolítica –vínculos entre congresistas y paramilitares– que encabeza la CSJ está siendo obstaculizada por el gobierno.

Lo que encontró la Corte Penal Internacional, para vergüenza del oficialismo y el aplauso de la oposición, fue el ambiente político más agitado del año: Uribe recibe en su palacio presidencial a los mismos “paras” para recoger pruebas en contra de la Corte Suprema de Justicia. Los delincuentes les entregan a su jefe de prensa y su asesor jurídico grabaciones clandestinas ordenadas por otro autodefensa, alias Don Berna, que pretendía con las oscuras pruebas lograr beneficios para dilatar su extradición a Norteamérica. Bogotá guarda silencio. Una revista local hace las revelaciones. Llega la CPI.

Lo que pasó los días siguientes es el tire y afloje de agresiones. La oposición ataca. El presidente ataca. Otros llaman a la calma. La Corte Suprema alerta. El presidente se enoja. El vicepresidente lo regaña. Le dice públicamente que debe darle ejemplo de dignidad al país. “Se pregunta uno cómo es posible pedirles tolerancia a las personas en los campos, en las ciudades, cuando al nivel más alto de la dirigencia política no estamos mostrando la posibilidad de tener ese diálogo constructivo”, afirma el vicepresidente Francisco Santos. “Me da mucha lidia quedarme callado”, responde Uribe, agregando que “hay que aprender a vivir diciendo verdades y contestando verdades”. Las verdades son, hay que decirlo, que la pugna Uribe vs Corte implica hasta al primo del presidente, el senador Mario Uribe, que hasta hace dos semanas estuvo preso por tener relaciones con la mafia paramilitar.

En la segunda mitad del año pasado, el primo de Uribe fue llamado a indagatoria. Aunque en la efervescencia de la noticia el presidente dijo que apoyaría a la justicia a pesar de la tristeza que sentía por la situación de su familiar, muy pronto sus acciones lo pusieron en contradicción cuando anunció tener una carta de un “para” preso, alias Tazmania. Según el delincuente, el magistrado de la CSJ, Iván Velásquez, le ofreció beneficios a cambio de declarar en contra de Mario Uribe y del presidente de modo que fueran relacionados con asuntos delictivos de los paramilitares.

El presidente, carta en mano, denunció un complot en su contra. En comunicados en tonos menos agresivos y ofensivos que los usados por Uribe, la Corte Suprema de Justicia respondió que nunca hizo tales ofrecimientos a Tazmania y que, con la publicación de la supuesta carta, el gobierno estaba tratando de desprestigiar a la justicia. “Con estos hechos, se pretende deslegitimar y generar una indebida desconfianza en la Corte Suprema de Justicia y eso no le conviene al país”, afirmó el entonces presidente de ese organismo, César Julio Valencia. El sector judicial, como esta semana con manifestaciones públicas, se volcó a apoyar a la CSJ. En junio pasado, la polémica de 2007 terminó con la batalla perdida para Uribe. Tazmania se retractó. Confesó que había sido presionado por un narcotraficante –incluido a última hora en la llamada ley de Justicia y Paz– para firmar la famosa carta que ni siquiera él mismo escribió. El narco era Juan Carlos Sierra Ramírez, alias “El Tuso”, vecino de las quintas de los Uribe y socio en algunos negocios de tierra.

Antes, el choque de trenes comenzó con el estatus para los paramilitares desmovilizados. En julio de 2007 la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia para aclarar que un paramilitar desmovilizado no era un delincuente político. “Los delitos cometidos por personas vinculadas con grupos paramilitares (...) bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político.” Uribe no estuvo de acuerdo y comenzó sus ataques contra la Corte, como lo hizo cuando su primo estuvo involucrado en la parapolítica, proceso donde hay casi setenta congresistas investigados, la mayoría de los partidos políticos que apoyan a Uribe Vélez, y más de treinta presos por vínculos con los narcoparamilitares que el mismo presidente consiguió tratar como delincuentes políticos.

Hoy, con las mismas estrategias de desprestigio a la Corte, el presidente intenta ganar esta batalla. Cuando le anunciaron que lo denunciarían ante la CPI, advirtió que no se dejaría. “Hay muchos que mantienen mucha gana de tenerme preso aquí o destituido o preso en la Corte Penal Internacional. Les va a dar mucha lidia, porque aquí hemos procedido con toda la honradez, con el más riguroso ceñimiento a la Constitución colombiana”, dijo esta semana. La tensión que generó con sus declaraciones intenta ser aminorada por otros altos tribunales. El sábado, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura les hicieron un llamado a los presidentes, el de la república y del CSJ.

Jueces, artistas y organizaciones de derechos humanos se manifestaron en Medellín para dar su apoyo a la Corte. “Respeto e independencia”, es la consigna.