El proceso de elección del procurador penitenciario nacional por el que estamos atravesando en el Congreso Nacional ha generado el rechazo de gran parte de los organismos de derechos humanos que trabajamos en defensa de los derechos humanos de los privados de libertad. La Comisión Bicameral que se ocupa de proponer candidatos diseñó un procedimiento –a pedido y propuesta de los organismos– que incluía la posibilidad de impugnar los candidatos y también una audiencia pública para que éstos expusieran y se les formularan preguntas. Varios organismos con años de trabajo en el terreno, conocimiento de la realidad carcelaria y un fuerte compromiso con los detenidos sentimos que este procedimiento fortalecía la calidad institucional de la Procuración y del país.

No fue así. La audiencia celebrada fue un “como si”, que lejos de transparentar la elección, arrojó sobre ella un manto de oscuridad y sospecha.

Las más de doce impugnaciones que presentáramos a la candidata oficialista Silvia Martínez, firmadas por personalidades y organizaciones de gran trayectoria en defensa de los derechos humanos como los presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el fiscal federal de Bahía Blanca Dr. Hugo Cañón, el Comité Contra la Tortura de esta Comisión, la lic. Alcira Daroqui del Instituto Gino Germani de la UBA, la APDH La Plata, APDH Azul, la Asociación La Cantora, el CIAJ y la Casa del Liberado de Córdoba, entre otras, fueron rechazadas –según explicó la senadora Roxana Latorre, presidenta de la Comisión– por “cuestiones formales”, sin dar explicaciones. Tampoco fue considerado el minucioso cuestionario presentado por el CELS para que respondan los candidatos. Se ocultó información y los organismos no tuvimos ningún tipo de participación. Las impugnaciones a Silvia Martínez se centraban en tres ejes:

1) Que haya negado públicamente, en diciembre pasado, la tortura y los malos tratos en las cárceles federales, a través de un comunicado de prensa de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General que dirige.

2) Su falta de independencia respecto del actual director del Servicio Penitenciario Federal, fuerza a la que deberá controlar. En el mismo comunicado, destacaba los logros de los cinco meses de gestión al frente del SPF de Alejandro Marambio, atribuyéndole “profundas reformas”.

3) La falta de trayectoria en defensa de los derechos humanos de la candidata, que sólo acreditó su trabajo en la Defensoría Oficial. Los avales presentados (122 de 155) corresponden centralmente a integrantes del Poder Judicial, lo cual revela respaldo corporativo de quienes también son indirectamente controlados por la Procuración. Pero no funda el imprescindible recorrido y compromiso que debe acreditar un funcionario responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en los lugares de encierro.

Tampoco los diputados y senadores opositores que integran la Comisión fueron convocados a reunión alguna donde se discutieran los rechazos a estas impugnaciones.

Se anunció un mecanismo transparente, pero esto fue sólo una pantalla para ocultar y manipular una designación a medida. Lo único que se logra con este procedimiento, es deslegitimar a la candidata del oficialismo –Silvia Martínez—, que de ser seleccionada cargará sobre su espalda el ser elegida mediante los trucos de la vieja política. Esa que poco tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones.

* Coordinador del Comité contra la Tortura, Comisión Provincial por la Memoria.