Ante la elección del próximo titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el primero que será elegido de acuerdo con el procedimiento previsto constitucionalmente, el CELS y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre la situación carcelaria, propusieron a la Comisión Bicameral el establecimiento de un trámite participativo para su designación con el fin de que se dé un debate profundo sobre dos temas: la situación de las personas sometidas a encierro y el perfil apropiado del candidato/a que debería ser designado por las 2/3 partes del Congreso para desempeñar su mandato.

A partir de esta iniciativa, la Comisión instauró un procedimiento que contemplaba la posibilidad de que se presentaran observaciones a las candidaturas, así como la realización de una audiencia pública en la cual cada candidato expondría su plan de trabajo y respondería preguntas de los legisladores. Teniendo en cuenta que originalmente este funcionario/a iba a ser nominado en forma directa por la comisión, celebramos la creación de este mecanismo. Sin embargo, la audiencia pública realizada la semana pasada dejó en evidencia que no hubo intención genuina de garantizar efectivamente este debate participativo y profundo sobre la situación carcelaria en nuestro país, lo que constituía un parámetro esencial para determinar si los candidatos contaban con el perfil adecuado para ocupar el cargo.

En primer lugar, los miembros de la comisión omitieron considerar impugnaciones realizadas por algunas organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, la superficialidad de las preguntas realizadas por los diputados y senadores integrantes de la Cámara a los candidatos demostró la falta de preparación adecuada para definir el perfil más adecuado con el mandato de controlar una situación de extrema gravedad como la que se evidencia en las prácticas reiteradas de torturas, malos tratos y muertes en las cárceles. De este modo, se frustró la posibilidad de implementar un mecanismo que sirva para fortalecer una institución como la Procuración Penitenciaria y, sobre todo, proteger con mayor eficacia los derechos de las personas privadas de libertad.

Lo ocurrido durante la audiencia dejó en evidencia la falta de compromiso de los legisladores del oficialismo y de la oposición con la situación carcelaria y por ende, del Congreso, cuyo mandato es precisamente designar al nuevo/a procurador y controlar su desempeño. Por este motivo, las organizaciones que venimos desplegando un trabajo sostenido en esta materia, decidimos solicitar la reiteración de esta instancia, con la expectativa de que se pueda arribar a una elección responsable, en la que el procedimiento garantice una evaluación efectiva de los candidatos y sus propuestas de trabajo.

La grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad requiere que quien sea elegido titular de la Procuración esté comprometido con la protección de los derechos humanos y el sistema democrático, y que cuente con niveles de independencia indispensables para el ejercicio de sus funciones. Sería lamentable que el Congreso pierda la oportunidad de nombrar a la persona indicada para cubrir el cargo sin prestar atención a estos requerimientos fundamentales que legitimen su decisión.

* Director ejecutivo del CELS.