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El ex general Luciano Benjamín Menéndez trató de “justificar” los crímenes de lesa humanidad cometidos por él y sus subordinados en la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército sosteniendo que las fuerzas “legales” se enfrentaron –en aquellos años de 1974 a 1985– a una “agresión marxista contra el pueblo, perpetrada a través de la guerra revolucionaria”. Sostuvo en su “alegato” el “Carnicero de la Córdoba argentina” –como tituló el diario español El País– que dicha guerra contaba con el apoyo de la “Unión Soviética y de su satélite Cuba”.

En la misma dirección, en las actuaciones judiciales que tramitan en el Juzgado Federal de San Martín, dirigidas a localizar los restos de Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga, y a averiguar qué pasó con sus acompañantes “secuestrados-desaparecidos”, Liliana Delfino, Domingo Menna y Ana Lanzillotto de Menna, esta última embarazada de seis meses, el ex general Santiago Omar Riveros –responsable de los campos de exterminio existentes en la Unidad Militar de Campo de Mayo y por los que pasaron y fueron “trasladados” (asesinados), más de cinco mil compatriotas– sostuvo que el 19 de julio de 1976 fue la más importante batalla librada por las “fuerzas legales” al abatir al “comandante en jefe del ejército enemigo”, Mario Roberto Santucho, secretario general del PRT-ERP.

Es evidente que esta concepción ideológica, que presidió el mayor genocidio perpetrado en la Argentina del siglo XX, hacía que sus ejecutores pensaran que “estaban haciendo historia”, por lo que todo se encuentra consignado en archivos, que –sin lugar a dudas– la actual cúpula militar debe saber en qué lugar se encuentran.

Todo se escribe, como señaló el “carnicero de Botnia”, el serbio-bosnio Radovan Karadzic, que está siendo juzgado por el Tribunal Penal Internacional por la “masacre de Sbrenica” en la que fueron asesinados más de 8 mil musulmanes, hombres, mujeres y niños desarmados. En su defensa, expuesta en un sitio web, el represor manifiesta haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que se le asegurara inmunidad e impunidad, y dice tener todo documentado.

El pasado 6 de noviembre de 2007, el ex presidente Néstor Kirchner dictó una disposición por la cual se ordenaba a los comandantes de las tres armas que dispongan todas “las medidas conducentes a fin de lograr la recuperación de los restos de los señores Mario Roberto Santucho y Benito Jorge Urteaga, suministrando toda la información y colaboración que les fuera requerida judicialmente”.

En relación con esta decisión, en el amparo que se sustancia en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de Ernesto Marinelli, solicitamos que se los cite a declarar a los generales Roberto Bendini, Osvaldo Montero, Gonzalo Palacios y Pablo Rolando, en una primera etapa. Los dos primeros declararon por escrito y manifestaron desconocer que hubiera habido “campos de detención o exterminio” en la Unidad Militar de Campo de Mayo, y señalaron que se habían “enterado” del episodio de Villa Martelli “por los diarios”. Por supuesto que negaron cualquier relación con la dictadura militar, por lo que sus respuestas resultan poco creíbles. Montero fue, hasta pocos días antes de que asumiera la actual titular del Ejecutivo, director nacional de Inteligencia y es hombre de confianza del jefe del Estado Mayor; su ascenso fue cuestionado, en su oportunidad, por organizaciones de derechos humanos. Testigos de identidad reservada lo vinculan con una reunión en la que participara el también general Palacios, realizada en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, en la que se habló de “remover” los restos de Santucho y de otros cadáveres inhumados en la Unidad Militar de Campo de Mayo. Por supuesto que negó la veracidad de esta denuncia.

Por su parte, el mencionado Palacios, como repitiendo una consigna, negó todo: sólo admitió haber sido ayudante de campo del comandante del Regimiento de Infantería de Monte Nº 28, con asiento en Tartagal, Salta, en 1976. En esa unidad, que fuera entrenada por los rangers estadounidenses, funcionaba un campo de detenidos-desaparecidos, por el que pasaron más de 300 compatriotas. De esto nada sabía el “nacionalista” general Gonzalo Palacios.

Mostrando el nivel de “cooperación” prestado por el Estado Mayor del Ejército, al requerírsele judicialmente el domicilio del general Rolando, remitieron el country en el que habita, sin precisar la unidad; por lo que fue imposible notificarlo.

El pasado 21 de julio se publicó en el Boletín Oficial la orden de la ministra de Defensa, Nilda Garré, a los jefes de las tres armas, para que transmitieran en sus mensajes públicos la solicitud de que se intenten ubicar los restos de Santucho y Urteaga. En ella se consigna que “toda persona que pueda tener alguna información puede contar, para facilitar la misma, con los mecanismos que le brinda el ministerio, correo electrónico, entre otros”.

Tomando nota de esta decisión ministerial, sin duda relevante, antes de comenzar la feria judicial, le solicitamos al doctor Marinelli que cite a prestar declaración a un testigo de “identidad reservada”, que puede precisar posibles lugares en los que se hubieran realizado inhumaciones, entre ellas, la de los restos de “Robi” y Benito, en la Unidad Militar de Campo de Mayo. Asimismo solicitamos que se realice allí una inspección ocular y requerimos la participación de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor del Ejército. Por otra parte ampliamos el interrogatorio al general Bendini, para que manifieste qué diligencias ha realizado para dar cumplimiento con la orden del Ministerio de Defensa.

Por último, solicitamos que se dispongan los fondos necesarios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para publicar avisos en varios matutinos nacionales, para requerir que toda persona que posea información sobre lo ocurrido en Villa Martelli el 19 de julio de 1976 la brinde bajo identidad reservada.

Estamos absolutamente seguros de que la cúpula militar debe quebrar el juramento mafioso, la omertà, y brindar toda la información que posea sobre los años oscuros del terrorismo de Estado, para que logremos saber la verdad y hacer justicia.

* Abogado de las familias de Santucho y Urteaga.