Desde Brasilia

En Brasil la impunidad “nao tem fim”. La cúpula de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, encabezaron la peor crisis militar en siete años del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva al amenazar dejar sus cargos si fuera creada una Comisión de la Verdad sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1964-1985).

Lula acusó recibo de la estocada y ayer se reunió de urgencia con su ministro de Justicia, Tarso Genro, uno de los mentores de la Comisión de la Verdad junto al secretario de Derechos Humanos, Paulo Vanucchi.

Al dejar la sede del gobierno, Genro buscó bajarle voltaje a la crisis y aplazó cualquier decisión sobre el tema para la segunda semana de enero, cuando Lula regrese de vacaciones.

“No hay ningún tipo de alarma o preocupación, éste es un debate normal que venía ocurriendo dentro del gobierno y sobre el que el presidente dará la palabra final”, tranquilizó el ministro.

Treinta años después de la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo, los mandos castrenses advirtieron al presidente constitucional que no consentirán ninguna investigación sobre cientos de desapariciones y miles de detenciones ilegales perpetradas durante uno de los regímenes de facto más longevos de América latina.

El general Enzo Martins Pieri, comandante del ejército, y el brigadier Juniti Saito, y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, pusieron sus cargos a disposición de Lula luego del lanzamiento del III Programa Nacional de Derechos Humanos. El hecho ocurrió reservadamente hace una semana, pero ayer saltó a los titulares de los principales diarios.

La ira castrense fue encendida por una propuesta comparable a la diseñada en Africa del Sur tras el final del apartheid y sobre la cual Lula conversó hace un mes con la alta comisionada de DD.HH. de la ONU, la jurista sudafricana Navanethem Pillay.

El proyecto presentado por Lula y ahora sometido a revisión propone constituir una comisión para “requisar documentos públicos, reconstruir la historia de los casos de violación de derechos humanos, localizar e identificar cuerpos, esclarecer torturas, muertes y desapariciones”. Ni una mención al eventual procesamiento o punición de los responsables de tales delitos.

“Es un proyecto muy moderado que el gobierno sólo iba a girar al Congreso en abril y sin ninguna garantía de que se apruebe antes de que Lula termine su gobierno en diciembre de 2010”, señala Jair Krischke, del Movimiento Justicia y Derechos Humanos.

La intrigas militares son moneda relativamente corriente en este país: en 1999 hubo descontento con el ex presidente Fernando Henrique Cardoso por la creación del Ministerio de Defensa y la eliminación de las carteras de ejército, marina y aeronáutica. En 2004 cayó el ministro de Defensa José Viegas luego de que el ejército justificara la represión durante la dictadura. Hace dos años, el ex preso político Waldir Pires, nunca aceptado por los militares que recelaban de su pasado, renunció al Ministerio de Defensa tras una tragedia aérea y presiones de la aeronáutica (ver recuadro).

Comparada con las anteriores, esta crisis parece ser más seria, pues aquí no prevalecen reivindicaciones corporativas como presupuesto o tensiones coyunturales.

Ahora los uniformados objetan una decisión avalada por el primer presidente civil que propone correr el velo sobre el terrorismo de Estado. Y en esa ofensiva los militares hacen causa común con el ministro del área, quien debiera ser un servidor incondicional del mandatario.

“No estamos frente a una crisis institucional, o en un clima de golpe, claro que no”, plantea Jair Krischke, que ve en la presión castrense un “mensaje grave y retardatario”.

Y explica cómo ve el accionar de los mandos castrenses. “Con esta actitud los militares le están diciendo a la sociedad que aún reivindican el golpe de Estado de 1964, están mostrando para esta clase militar que el elogio de la dictadura es una religión.”

“Esta casta militar está condenando a Brasil a ser el país más atrasado de América latina en materia de esclarecimiento sobre el terrorismo de Estado y aplicación de la ley contra quienes la violaron. Argentina encarceló a Videla y tantos otros, Uruguay al dictador Goyo Alvarez, Chile a Manuel Contreras, en Brasil ni un cabo del ejército fue citado a declarar”, comparó el dirigente de los derechos humanos.