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Solía decirse que la Ley de Radiodifusión, felizmente derogada, era la única norma de la dictadura que seguía vigente. Se incurría en un error, porque sobreviven otras, también con el sello del autoritarismo y el desdén a los principios republicanos. Sin ir más lejos, las que estipulan pagos de haberes para distintos prelados de la Iglesia Católica. Está el chocante caso de los capellanes castrenses, varios de ellos comprometidos en el terrorismo de Estado. Y, algo en apariencia más cool, el de los obispos y los párrocos de frontera.

A su vez, a los obispos retirados (“Eméritos”, en la jerga eclesiástica y burocrática respectiva) se les reconoce una pensión mensual y vitalicia. Funciona de modo similar a una jubilación aunque no lo es técnicamente: los beneficiarios no hacen aportes previos, ni les corresponde aguinaldo.

El costo fiscal se sustenta con una partida especial del Presupuesto. Los pagos se efectúan vía la Secretaría de Culto, que depende de la Cancillería y no a través de la Anses.

El beneficio se concibió para quienes se alejaran de sus cargos apostólicos en razón de su edad. Pero en la práctica también lo reciben los que se han retirado en circunstancias ominosas o aun criminales. El ex arzobispo de Santa Fe Edgardo Storni es un ejemplo. Renunció por haberse visto envuelto en escándalos sexuales y sospechado de malversación de fondos. Desde esa retirada deshonrosa, cobra su estipendio mensual cual si fuera un apacible pensionado.

Ya en circunstancias normales, la pensión vitalicia es una variante de las cuestionadas jubilaciones de privilegio. No es compatible con un sistema republicano, no confesional ni fundamentalista. No tiene parangón en Uruguay, Brasil, Estados Unidos o Francia, por hablar de variopintos regímenes democráticos. Pero cuando el beneficio polémico engrosa los bolsillos de quien ha burlado los principios básicos de su ministerio, la canonjía adquiere el ribete de una afrenta. La expresión “Emérito” también deviene sarcástica.

Seguramente por razones de delicadeza, el Estado no abona los haberes directamente a sus beneficiarios. Los transfiere a la Conferencia Episcopal Argentina. Ni las autoridades laicas ni las religiosas intentaron privar a Storni de su diezmo, cuyo importe actual neto es de 6376,24 pesos.

Storni tiene varias causas penales en trámite. Ayer se conoció una grave condena en su contra por abuso, agravado por su condición de sacerdote. La calificación toma en cuenta el manejo desviado de su eminencia y autoridad que imponen a la víctima el llamado (en verba forense) “temor reverencial”. Esa autoridad ejercitada perversamente es subsidiada desde el propio Estado, con fundamento en una ley de la dictadura, interpretada extensivamente a favor de prelados de pésima reputación.

La jerarquía de la Iglesia Católica, por cierto, no moverá un dedo: es bien caritativa con sus ovejas descarriadas (sean Von Wernich o Storni), jamás las sanciona por sus delitos terrenales. La prebenda debería ser, en cambio, un ítem a sumar en la agenda republicana e institucional que está tan en boga aunque (malhadadamente) suele centrarse sólo en las autoridades políticas y deja intactos a los poderes fácticos.

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