Desde París

Con unas cinco mil personas en la Plaza de la Concorde protestando contra la reforma del sistema de jubilaciones francés y una turba socialista enfurecida en el interior de la Asamblea Nacional persiguiendo por los pasillos a su presidente, los diputados aprobaron ayer este proyecto central del mandato de Nicolas Sarkozy. La reforma fue aprobada por 329 votos a favor y 233 en contra. Queda sólo pendiente la votación positiva del Senado para que la edad legal de la jubilación pase de 60 a 62 años y hasta 67 en el horizonte de 2018. En los años ’80, el difunto presidente socialista francés François Mitterrand había hecho el camino inverso: llevó la edad mínima para jubilarse de los 65 años vigentes a los 60. Nicolas Sarkozy, con la meta declarada de tapar los déficit de las cajas de jubilaciones, presentó este cambio como una condición para salvar el generoso sistema francés. El voto dio lugar a uno de los debates nocturnos más extensos de la democracia francesa y a episodios de violencia verbal, gritos y suspensión de la sesión.

El broche final de este oprobioso debate se desencadenó cuando el presidente de la Asamblea, el conservador Bernard Accoyer, decidió poner término a los debates. Con ello la reforma quedó adoptada, pero los diputados socialistas que se habían inscripto para hablar en la Asamblea perdieron su derecho a la palabra. Estos, enfurecidos, gritando “renuncia, renuncia”, persiguieron por los pasillos al presidente de la Asamblea.

Este espectáculo tenso refleja tanto la polarización que la reforma del sistema de jubilaciones plasmó en el país como la mano dura con que el Ejecutivo empuja sus reformas esenciales: sin concesiones ni discusión posible.

En medio de un desorden indescriptible y de insultos groseros, el defensor de la reforma, el ministro de Trabajo, Eric Woerth, parecía un pájaro perdido en un cielo tormentoso. Woerth está seriamente comprometido con el escándalo L’Oréal, pero la presidencia francesa y el primer ministro le renovaron la confianza pese a la batería convergente de revelaciones que lo implican con la heredera del fundador de la multinacional L’Oréal, Liliane Bettencourt y, sobre todo, con el gestor de su fortuna, Patrice de Maistre. Los socialistas consideran que la reforma es “injusta”, puesto que hace pagar a los trabajadores el 92 por ciento de la misma. Al mismo tiempo, la oposición impugnó la metodología “por la fuerza” empleada por el gobierno para que la reforma pase. Según los diputados del PS, este esquema es el reflejo “de una crisis política y moral de la cual el ministro de Trabajo es el símbolo”. El partido presidencial UMP, por el contrario, la votó en bloque y defendió la decisión del presidente de la Asamblea. Los diputados comunistas se sumaron a la bronca socialista e irrumpieron en una de las salas de la Asamblea con una banderola que decía “No a la censura, no al golpe”.

Los sindicatos, cuyo poder de movilización en torno de la jubilación es considerable, habían organizado frente a la Asamblea, en la Plaza de la Concorde, una manifestación contra la reforma. Las centrales sindicales del país argumentan que no todo está perdido. Luego de haber sacado a la calle a cerca de tres millones de personas –un millón según el gobierno–, han vuelto a convocar para el próximo 23 de septiembre a una nueva jornada de huelgas y manifestaciones. La jornada de ayer dejó un sabor desagradable que no conduce al apaciguamiento en un país sacudido por escándalos y la impunidad de los poderosos. No sólo el ministro de Trabajo escapó a toda investigación judicial independiente. El ex presidente Jacques Chirac, asediado por la Justicia desde hace años por un caso de empleos ficticios cuando fue intendente de París, evitará sin dudas los tribunales. El partido presidencial UMP, escisión del RPR que creó Chirac, aceptó reembolsar a la Municipalidad parte de las sumas desviadas, 2,2 millones de euros. A cambio de ello, la Municipalidad se retirará de la querella judicial contra Chirac.