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La Fiscalía de Colombia acusó ayer formalmente a 29 militares por un caso de los denominados “falsos positivos”. En 2005, los uniformados asesinaron a dos civiles y

los reportaron como guerrilleros muertos en combate. Desde la oposición y los organismos de derechos humanos, se celebró la medida. Aunque remarcaron que las causas por este tipo de crímenes están paralizadas.

Mientras tanto, la Casa Blanca certificó ayer que la Casa de Nariño y sus fuerzas armadas son respetuosas de los derechos humanos. Después de ese informe, la gestión de Barack Obama solicitó al Congreso estadounidense que libere los 30 millones de dólares necesarios para continuar con el Plan Colombia.

Integrantes del ejército colombiano acribillaron el 14 de mayo de 2005 a Frank Enrique Martínez y Claudino Manuel Olmedo en el municipio de La Paz, ubicado en el departamento del César (nordeste). La Justicia logró probar que Martínez y Olmedo no engrosaban las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que mucho menos habían estado en algún enfrentamiento, como los militares pretendieron en un primer momento.

Martínez padecía un retardo mental desde los tres meses de vida, a causa de una meningitis. En la tarde del 14 de mayo de 2005, había salido de su casa sin que eso alarmara a su madre. Luego, el Estado colombiano lo presentó como un guerrillero abatido. “Mi hijo no era guerrillero. Tenía 17 años, pero su mente era la de un niño”, declaró a la prensa colombiana la madre de la víctima. Junto al cuerpo de Martínez, encontraron el de Olmedo, un joven lustrabotas y reciclador. Por esos homicidios, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos pidió que se juzgue a un subteniente, dos cabos y 26 soldados. La prensa denominó “falsos positivos” los casos como el de estos jóvenes. Las ejecuciones extrajudiciales fueron uno de los mayores escándalos de la administración de Alvaro Uribe. Los militares ejecutaban a campesinos y desempleados, los hacían pasar por guerrilleros y cobraban recompensas o recibían ascensos.

El gobierno se comprometió ayer a reforzar las investigaciones en esta materia. En una reunión en la que participó el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se acordó crear una unidad de elite que investigue las cerca de 2445 ejecuciones extrajudiciales.

“Esperamos que en esta ocasión se llegue a algún punto. No tenemos condenas por estos casos”, se quejó Iván Cepeda, referente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. El parlamentario del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) denunció también que estas causas judiciales sufren tácticas dilatorias y que los familiares de los asesinados reciben frecuentemente amenazas.

Informe: Luciana Bertoia.