El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile criticó ayer la reacción de Carabineros ante la muerte del joven el viernes durante un cacerolazo. “No nos parece que la respuesta de plano de Carabineros sea ‘no vamos a investigar porque no tenemos nada que ver’”, dijo Lorena Fries a Radio Cooperativa, en alusión a las declaraciones del general Sergio Gajardo, quien descartó de manera terminante que su personal estuviera involucrado en esa situación.

Según el balance oficial entregado por el gobierno, el paro de dos días convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) culminó en la madrugada del viernes con un adolescente muerto, 153 carabineros y 53 civiles lesionados y 1394 detenidos. Manuel Gutiérrez Reinoso, de 16 años, fue alcanzado en el pecho por una bala de grueso calibre cuando se encontraba en una pasarela peatonal en la comuna de Macul.

“Nos parece un hecho grave que debe ser esclarecido y nosotros estamos en condiciones, el lunes o martes, de presentar una denuncia al Ministerio Público, porque en esto se requiere el máximo de transparencia. De lo contrario, se va generando una escalada de desconfianza entre la ciudadanía y Carabineros”, comentó Fries.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos también se refirió a las manifestaciones sociales de los últimos tres meses y a la violencia. “Estamos en condiciones de decir que ha habido hechos de excesiva violencia, pero que éstos no constituyen un plan deliberado de salirse del formato por parte de Carabineros.”

Fries mencionó la práctica más o menos generalizada de golpizas a las personas detenidas arriba de los microbuses de Carabineros, lo que definió como un castigo fuera de lo que puede hacer la policía.

El fiscal Claudio Suizo, a cargo del caso, ordenó el viernes la incautación de las armas de 35 funcionarios de carabineros de turno, la noche del jueves, en la zona donde falleció el adolescente.

Las armas de estos funcionarios serán comparadas con la bala extraída del cuerpo del joven, un proyectil nueve milímetros, recuperado por especialistas del Servicio Médico Legal.

La investigación puede tardar unos 15 días y debería confirmar, descartar si el arma de algún policía ocasionó la muerte del menor Manuel Gutiérrez Reinoso.