Desde Santiago

Durante siglos fue uno de los lugares más desconocidos del planeta. Temor de los marinos y sueño de los utópicos. Hoy las cosas han cambiado, pero no del todo. Aysén sigue siendo una región aislada. La vida en el sur de Chile jamás ha sido fácil, pero el problema actual no es sólo de conectividad, sino principalmente del tratamiento centralista que los gobiernos de turno han dado a la zona. Cansados de la falta de oportunidades, los habitantes de la región patagónica se organizaron, bloquearon rutas y se manifestaron tan fuerte que el grito de rabia retumbó en los pasillos de La Moneda, en las barbas del propio presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. La cosa subió de tono el pasado 13 de febrero, cuando los pescadores artesanales, transportistas y pobladores bloquearon una de las principales rutas de la zona, impidiendo el abastecimiento de la ciudad. Las demandas de los hombres de mar por sus cuotas de pesca, las quejas de los camioneros por los precios de los combustibles y las peticiones por más y mejor salud y educación comenzaron a visibilizarse con fuerza y amenazaban con incendiar otra vez la pradera, como aconteció el año pasado en Tierra del Fuego –por quejas similares– o en Santiago con el movimiento estudiantil.

Las protestas a favor de Aysén se repitieron en varias ciudades y desde la capital viajaban los principales líderes de los estudiantes a demostrar su apoyo. En tanto, la policía reprimía duramente a los pobladores usando bombas lacrimógenas y balines de goma. La excesiva violencia con la que actuaban se convirtió en tema nacional y la rabia contra carabineros y Hinzpeter, el ministro a cargo de la seguridad nacional, recorrió el país. El repudio, a través de las redes sociales, cruzó las fronteras.

Los pobladores respondían como podían y se dieron maña para volcar y quemaron algunos buses policiales, mientras una lluvia de balines y bombas caían sobre sus cabezas. “Esto es una situación de abuso. Carabineros se ha metido irracionalmente en las casas”, denunciaba Iván Fuentes, el carismático vocero y presidente del Movimiento Social por Aysén y que ha copado las principales portadas en Chile, ocupando de alguna manera la posición que en 2011 tuvo Camila Vallejo, en el conflicto estudiantil.

Desde la otra vereda, la intendenta de la región, Pilar Cuevas, solicitaba a los manifestantes desbloquear las rutas para poder entrar a la zona. “Necesitamos llegar con el combustible para el hospital, para la luz, para los vecinos y para el stock crítico para bomberos.” Pero la gente no cedía y hacía caso omiso a la advertencia de desabastecimiento.

Luego de varias semanas de tire y afloje y con un gobierno que desestimó las movilizaciones al poner condiciones para restaurar el diálogo, la violencia no retrocedió. “El gobierno tiene que gobernar para todos los chilenos y no sólo para quienes protestan. No todas las peticiones –por legítimas que sean– pueden cumplirse de forma inmediata”, aseguraba Piñera, que anda de gira por Asia.

Fuentes respondía en el acto. “Conozco la pobreza desde el fondo y siento el dolor ajeno todos los días y eso le hace sentido a uno, el hecho de poder decir que hay algo que podemos hacer.” Las palabras de este pescador artesanal ganaban adeptos.

En tanto, 22 personas, entre dueñas de casa, pescadores artesanales, dirigentes sociales y trabajadores agrícolas fueron procesados por Ley de Seguridad Interior del Estado. El secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, respaldó esa decisión argumentando que hay situaciones de “grave violencia que alteran por completo la paz social y la tranquilidad en la región”.

“Así como existe la Ley de Seguridad del Estado, debería existir una ley que castigue la inoperancia política”, respondía Fuentes por televisión, añadiendo que este movimiento no es reciente y que viene gestándose hace bastante tiempo. “Todos habíamos hecho la denuncia de cómo estaba la región y no habíamos sido escuchados. Este movimiento nació cuando todos dijimos basta”, arengaba.

La policía no paraba de repartir palos, tanto así que los aiseninos presentaron un recurso de protección por el uso de bombas lacrimógenas al interior de las casas de los manifestantes, que fue aceptado por la Justicia. Al final se determinó la “prohibición absoluta a carabineros del uso de bombas lacrimógenas y balines en contra de las personas”. Aun así, Iván Fuentes aseguraba que “la violencia no empieza con la barricada, comienza mucho antes. Hay una violencia en el desdén, en el abandono, en las necesidades de la gente, en el olvidarse de aquellos que íbamos a representar” y le recordaba al país que Chile necesita buenos carabineros, “querendones de su patria, que es una responsabilidad con todos los chilenos porque les pagamos el sueldo”.

En este escenario, el propio Fuentes y otros dirigentes llegaron la noche del viernes a Santiago a mostrar sus credenciales. Las expectativas de llegar a un acuerdo eran altas para ambas partes. Para el gobierno se tornó crucial acabar con las protestas, más cuando Carabineros reconoció haber actuado con violencia, y para los dirigentes por la amenaza del desgaste planeando sobre sus cabezas. Finalmente, los aiseninos doblaron la mano centralista y lograron que el Ejecutivo se comprometiera a modificar al sistema de bonos a la contratación de mano de obra –para que éste se pague de manera directa a los trabajadores–, y cambios a la ley de zonas extremas, lo que permitirá la instalación de una zona franca regional por motivos de “aislamiento”. Además se dará respuesta a una demanda clave: rebajar los precios de los combustibles, la chispa que prendió el conflicto. Las fuerzas especiales comenzaron a replegarse y los bloqueos de las rutas a despejarse.

Sin embargo, la crisis en Aysén y la del gobierno está lejos de saldarse. Desde la oposición, diputados de distintas bancadas insisten en la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. “Su conducta ha sido sistemática y refleja no sólo una deficiente gestión, sino una concreta vulneración de los derechos civiles de los aiseninos”, dijo la opositora diputada Carolina Goic. “Seguiremos adelante, con más fuerza aún, porque la represión de Carabineros debe parar.”