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Un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 nos encuentra en pleno juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura. Al mérito incuestionable del movimiento de derechos humanos, y de cada una de las víctimas, parteros de este momento histórico, quiero agregar que este proceso es, a la vez que la reparación elemental para los agraviados –en la medida de lo posible–, una verdadera restauración democrática.

El Poder Judicial, como uno de los departamentos de gobierno republicano, carecía de verdadera legitimación para juzgar cualquier crimen mientras permanecía impasible frente a la impunidad de los más grandes crímenes. ¿Con qué autoridad los fiscales acusábamos a los ladrones y los jueces los condenaban, cuando los terroristas de Estado caminaban libres por las calles, ocupaban cargos públicos y hasta presumían de sus asesinatos?

Juzgados como están siendo, o en camino de serlo, el Poder Judicial ha recuperado autoridad como poder del Estado. Cierto es que en el camino han quedado, afortunadamente, los magistrados más recalcitrantes, herencia de un estamento cincelado a la medida del régimen del terror, y que pervivieron en sus cargos hasta hace poco tiempo. Todavía quedan algunos en sus sombríos despachos del foro, pero ya no son mayoría. A ellos debemos los principales obstáculos que han enfrentado los juicios por delitos de lesa humanidad. Y también de su pluma patricia han salido buena parte de los fallos contra las normas tendientes a desarmar el andamiaje jurídico del privilegio montado por la dictadura de Martínez de Hoz y sus matarifes (Feinmann “el bueno” dixit).

Muchos han dejado sus posiciones de poder institucional, espantados por tener que juzgar a sus amigos y mentores, o descubiertos en su pasado cómplice. Algunos han pasado de juzgadores a juzgados, enhorabuena. Mejor todavía sería el desarrollo de políticas públicas sustanciales destinadas al saneamiento institucional de la Justicia, depurándola definitivamente de esos cuadros residuales.

También esta dinámica ha patentizado las limitaciones de un sistema procesal anacrónico, que fue sometido a reformas parciales e insuficientes desde el retorno democrático, pero incapaz de gestionar de un modo eficaz juicios complejos por crímenes masivos. Más que nunca queda en evidencia que es necesario modernizar las formas de enjuiciamiento penal federal, para que no muestre celeridad y eficacia en crímenes de poca monta y hechos de sangre de sencilla resolución, con imputados marginales o que han quedado sin cobertura de las mafias policiales.

La lucha de los represaliados por la tiranía no solamente ha habilitado la dignificación del Poder Judicial –aun la de algunos miembros de cuestionable crédito–, también ha forzado el recambio democrático de sus cuadros y ha actualizado la imperativa necesidad de modificar su estructura. Todo ello le debemos a la verdadera reserva moral de nuestra sociedad: los que lucharon contra todo pronóstico de éxito por la Memoria, la Verdad y la Justicia, contra viento y marea. Desde un Estado que ya no quiere ser verdugo de sus ciudadanos, sino el fiel representante de sus intereses los saludamos emocionados, una vez más, en este nuevo aniversario de aquel día siniestro.

* Fiscal federal. Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.